El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este sábado que la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) pondrá en marcha una bolsa de vivienda en municipios rurales, y subvenciones para rehabilitación de equipamientos y viviendas en desuso para recuperar unos 100 cada año, hasta 2029.
Lo ha avanzado durante su intervención en el I Encuentro de Municipios Rurales en Sant Fruitós de Bages (Barcelona), que ha reunido a más de 300 alcaldes y representantes municipales, así como de los consejos comarcales y de las entidades municipalistas, en que se ha abordado el despliegue del Estatuto de municipios rurales, aprobado a finales de julio.
Han participado también los consellers de la Presidencia, Albert Dalmau; Economía y Finanzas, Alícia Romero; Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, y Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, y han asistido una decena de diputados del Parlament.
El Estatuto contempla medidas de apoyo a 608 de los 947 municipios catalanes (el 64%), que son los de menos de 2.000 habitantes de comarcas rurales, y los de menos de 2.000 de comarcar limítrofes con una baja densidad de población o crecimiento negativo; y hay una categoría –municipios rurales de especial protección– para los de menos de 500 habitantes.
Illa ha destacado la necesidad de «empoderar a los alcaldes y alcaldesas» porque, ha dicho, son ellos quienes gobiernan en los municipios y tienen la confianza de la ciudadanía.
VIVIENDA EN EL MUNDO RURAL
Con el objetivo de repoblar los municipios rurales y potenciar el arraigo, se impulsarán medidas en el ámbito de la vivienda, que el Consell Executiu del próximo martes aprobará.
Se creará a través de la AHC una bolsa de vivienda rural para movilizar viviendas vacías, en colaboración con los consejos comarcales, y se plantean ayudas para la rehabilitación.
Concretamente, se desplegarán 20 millones de euros hasta 2029 en forma de subvención para que equipamientos municipales (antiguos colegios, por ejemplo) o viviendas particulares que no estén en condiciones se puedan rehabilitar, para destinarse a vivienda habitual o para ponerlos en alquiler a precio «asequible y protegido» durante al menos 10 años.
Se pretende rehabilitar hasta 100 equipamientos o viviendas cada año en estos municipios, en un formato de subvención con cofinanzamiento, aunque Illa no ha concretado los porcentajes previstos.
Desde el Ejecutivo asumen que el éxito de estas medidas dependerán en parte a la aprobación de unos nuevos Presupuestos, que no han empezado a negociar con ERC y Comuns, que exigen cumplimientos en financiación y vivienda.
INCASÒL
Otro de los problemas que ha detectado el Govern para el impulso de la vivienda en el medio rural son las dificultades en las tramitaciones y gestiones vinculadas a este ámbito por parte de los ayuntamientos, por la falta de medios y funcionarios.
Por ello, pondrá en marcha, a través del Incasòl, un equipo inicial de seis profesionales (arquitectos, ingenieros y juristas) que se dedicarán de forma exclusiva a prestar asistencia a los consistorios de estos municipios rurales y de consejos comarcales.
Colaborarán en la tramitación y gestión de planeamientos urbanísticos, en recuper núcleos antiguos abandonados o despoblados y en rehabilitar espacios y viviendas.
LEY DE TERRITORIO
El Ejecutivo prevé aprobar durante el primer trimestre de 2026 para su posterior tramitación en el Parlament una nueva Ley de Territorio que plantee distinciones en las planificaciones urbanística y territorial para agilizar la gestión y tramitación de las mismas en estos municipios.
La intención es adaptar el marco legal de esta norma a la realidad actual –se inició un redactado en 2014, y no se ha aprobado– para que incorpore la «mirada de los municipios rurales».
Además, el Govern está estudiando la posibilidad de que los ayuntamientos puedan disponer de la empresa pública Infraestructures de la Generalitat (Infraestructures.cat) para la elaboración de sus licitaciones y proyectos.
Para hacerlo, la idea es que puedan comprar acciones de la empresa pública, por un precio simbólico, y al convertirse en socios de la misma, se los puedan encargar.
OTRAS MEDIDAS
Más allá de estos anuncios, el presidente ha compartido algunas de las medidas que contempla el estatuto y que ya se están desplegando, relativas a la fiscalidad y a la financiación de estos municipios.
Se han puesto en marcha reducciones del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y bonificaciones para facilitar la regularización de fincas rurales, y a partir de 2026 se aplicarán deducciones al IRPF a quien traslade su domicilio a un municipio rural o por adquisición de vivienda habitual, que supondrá un impacto en los ingresos de la Generalitat de 14 millones de euros, según cálculos del Govern.
En paralelo, se incrementará la dotación del Fondo de Cooperación Local que reciben los municipios, a través de un fondo específico reservado para los rurales, y que para 2026 supondrá un incremento de entre el 10% y el 25% en función del nivel de protección, con un incremento total de 9 millones de euros.
Finalmente, el Govern sitúa como elemento clave de su estrategia para el mundo rural el despliegue de la red de fibra óptica en todos los municipios de Catalunya al final de esta legislatura (actualmente llega a 684 municipios).