Se abre el telón y aparecen una decena de personas cargando con cajas por la Carrera de San Jerónimo; posan ante las escalinatas del Congreso; entregan los cientos de firmas recogidas; las cámaras se apagan y se van.
Es una imagen muy habitual. Movimientos sociales y asociaciones que abanderan una causa y ven en la recogida de firmas ciudadanas una forma de presión política. 100.000, 200.000, 300.000, cientos de miles de firmas que, sin embargo, si no llegan al medio millón que exigen las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) caen en saco roto. Un gesto que no pasa del mero simbolismo, salvo que algún grupo parlamentario se apiade de la causa e impulse una proposición de ley.
Uno de los ejemplos más recientes es el del movimiento de Sanidad Pública Segura, que el pasado 30 de marzo presentó 100.000 firmas en contra del Estatuto Marco promovido por el Ministerio de Sanidad. Una iniciativa impulsada por médicos que rechaza el texto acordado entre el Gobierno y los sindicatos que, a su juicio "no representan a la profesión médica".
Desde Sanidad Pública Segura no descartan que en un futuro se pueda llegar a presentar una ILP, "todavía hay que seguir sumando apoyos", señalan. En concreto, 400.000 firmas, aunque como reconocen en conversación con Demócrata, "aún logrando reunir las firmas, que salga adelante también es complejo".
El porcentaje de ILP que son aprobadas es muy bajo. El mínimo de firmas es una de las principales barreras, pero no la única. Por este motivo, desde algunos sectores políticos y sociales ven necesaria una actualización de la Ley Orgánica 3/1984, que regula este procedimiento para revertir la situación.
Una norma que en más de cuarenta años que lleva en vigor tan solo ha sido reformada en dos ocasiones, la de mayor calado en 2006, aunque acumula diversos intentos fallidos.
IU pide paso
En 1999, Izquierda Unida registró una propuesta de ley en la que proponía aumentar de 30 a 65 millones de pesetas (de 180.304 euros a 390.658) la compensación estatal por los gastos realizados a la Comisión Promotora. La formación progresista argumentaba la necesidad de este cambio en la obsolescencia de la cantidad prevista “muy por debajo de las necesidades actuales como consecuencia de los nuevos medios de difusión y de las variaciones del Índice de Precios al Consumo que hacen obsoletos los costes previstos, una vez transcurridos 15 años”.
En su exposición de motivos, IU denunciaba que hasta el momento ninguna de las Comisiones Promotoras que habían promovido una ILP habían recibido compensación alguna “por problemas burocráticos que hacen que ni el Ministerio del Interior ni el de Hacienda se consideren competentes y se reenvíen las documentaciones”. La PL también incluía la publicación de un reglamento que regulase la competencia del Ministerio de Hacienda como entidad responsable del procedimiento administrativo y los requisitos para su efectivo cumplimiento. Sin embargo, acabó caducando.
Suben la apuesta
En 2002 IU lo intentó de nuevo con otra propuesta más ambiciosa que la anterior. Por un lado, insistían en la necesidad de reajustar la compensación económica a la Comisión Promotora una vez iniciados los trámites parlamentarios. Desaparecida la peseta, y desfasada la cantidad de 30 millones, consideraban que la cantidad justa debía situarse en los 400.000 euros (al cambio, 66.554.400 millones de pesetas).
Por otro lado, ampliaban su iniciativa de reforma a otro de los puntos más polémicos de la ley, el número mínimo de firmas exigidas (500.000) y a combatir “el desconocimiento del plurilingüismo”.
IU veía oportuno rebajar a 400.000 la cifra de firmas necesarias y estaba a favor de que los pliegos utilizados para la recogida de firmas en el territorio de una CCAA con lengua cooficial propia pudiesen estar escritos “en castellano, en la lengua cooficial propia de la misma o en ambas conjuntamente”. Esta PL no corrió mejor suerte que la de 1990.
La gran reforma
Finalmente, a la tercera fue la vencida para IU. Su PL de reforma de la Ley Orgánica 3/1984 salió adelante con modificaciones en 2006. Los cambios introducidos más destacables en la norma fueron los siguientes:
- Se suprimió la necesidad de que en el escrito de presentación se requiriese un documento en el que se detallen las razones que aconsejaban, a juicio de los firmantes, la tramitación y aprobación por las Cámaras de la proposición de Ley.
- Se eliminó como causa de inadmisión de una PL la previa existencia de una PNL aprobada por una Cámara que versará sobre la materia objeto de la iniciativa popular.
- Se amplió el plazo de seis a nueve meses, una vez la Junta Electoral Central notificara a la Comisión Promotora la admisión de la proposición, para la recogida de firmas.
- Se dio validez a las firmas recogidas de forma electrónica.
- Se avaló la posibilidad de que los pliegos estuviesen escritos en la lengua cooficial en el caso de las CCAA bilingües.
- Se fijó un plazo máximo de seis meses, una vez acreditadas las firmas y publicada la proposición por la Mesa, para que fuese incluida en el orden del día del Pleno.
- Se definió que la tramitación parlamentaria se efectuaría conforme a lo que dispongan los Reglamentos de las Cámaras.
- Se estableció en 300.000 euros el máximo de compensación estatal a la Comisión Proponente.
Años más tarde, en 2013, UPyD presentó dos PNL, una ante el Pleno y otra ante la Comisión Constitucional, de idéntico contenido, en las que instaba al Gobierno a ampliar de nueve a doce meses el plazo de recogida de firmas, a incluir un nuevo artículo para otorgar a la Comisión Promotora un espacio de tiempo mediante el cual poder defender y argumentar la ILP propuesta ante el Pleno del Congreso. A su vez, también abogaba por recortar de seis a tres meses el tiempo máximo en el que la propuesta debía ser incorporada en el orden del día del Pleno. Ambas PNL acabaron caducando.
Sutil modificación del Gobierno de Rajoy
En febrero de 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy registró el proyecto de ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos.
Si bien en el texto inicial no había referencia alguna a la Ley Orgánica 3/1984, fue durante el plazo de enmiendas cuando el Grupo Parlamentario Popular presentó una de adición para reformar el artículo 13 de dicha ley, ligada a la tramitación parlamentaria de las ILP.
La modificación, a diferencia de la anterior, mucho más amplia, se limitó únicamente a este punto. Concretó cómo sería la participación de la persona designada por la Comisión Promotora en la tramitación de la propuesta. En consecuencia, con carácter previo al debate de toma en consideración por el Pleno, un portavoz expone en Comisión los motivos que justifican la presentación de la ILP.