QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La administración aragonesa ha remitido a la Fiscalía de Zaragoza un documento detallando posibles faltas del alcalde de Aguarón y líder de la Comarca Campo de Cariñena, Lucio Cucalón. El informe destaca adjudicaciones a una empresa vinculada estrechamente con Cucalón, sumando pagos de 235.000 euros del consistorio y cerca de 30.000 de la comarca.
Según el documento, preparado por la Dirección General de Administración Local, se basa en investigaciones propias y reportes del secretario-interventor de Aguarón, señalando contratos y gastos que «pueden exceder del ámbito de la irregularidad administrativa». Lucio Cucalón, expulsado del PSOE el 10 de junio debido a estas indagaciones, ha sido implicado en la adjudicación irregular de contratos que representan el 22% del presupuesto municipal de 2024.
CONTRATOS EN CUESTIÓN
El primer contrato impugnado, valorado en 109.234,55 euros, ha sido anulado tras identificar «graves irregularidades». Además, Electra Aguarón SL ha recibido otros 85.000 euros por servicios fuera de cualquier procedimiento administrativo.
En la Comarca Campo de Cariñena, se detectaron más contratos menores irregulares y pagos directos no especificados. La relación de Cucalón con los socios de la empresa, incluyendo lazos familiares y de amistad, ha sido destacada.
DIETAS Y GASTOS INJUSTIFICADOS
El informe también menciona que Cucalón ha percibido 11.850 euros en dietas e indemnizaciones, además de gastos protocolarios no justificados, incluyendo comidas costosas sin explicación adecuada. «Se trata de comidas recurrentes sin informes justificativos», según indica el Gobierno de Aragón.
Además, se subraya la falta de control en la supervisión de pagos y legalidad en los entes locales, complicada por la ausencia de personal cualificado en puestos clave como la Secretaría e Intervención. Un informe adicional señala irregularidades en contratos de asesoramiento jurídico, superando los límites establecidos para contratos menores.
Este conjunto de evidencias fue entregado a la Fiscalía el 8 de agosto de 2025, solicitando un análisis detallado y medidas correspondientes.
