El Ministerio del Interior ha justificado la realización anual de más de 3.000 expulsiones de extranjeros, a pesar de admitir que se encuentran con obstáculos que escapan de su control directo, como las ‘dificultades que ocasionalmente se puedan dar para la localización del extranjero y la ejecución de su expulsión, en aquellos casos en los que no se ha autorizado su internamiento en CIE’. Otros desafíos incluyen la ‘negativa de las autoridades del país de origen en aceptar a su súbdito’ o problemas para documentar adecuadamente al individuo expulsado.
Según datos proporcionados en una respuesta parlamentaria a UPN y accesibles a través de Europa Press, en 2024 se llevaron a cabo 3.031 expulsiones por motivos como la seguridad nacional o incumplimientos de la ley de extranjería. Estas cifras son similares a las del año anterior, donde se registraron 3.091 expulsiones.
Cierre de fronteras por el COVID-19 y recuperación gradual
El informe destaca una notable disminución en 2020, cuando solo se realizaron 1.834 expulsiones debido al cierre de fronteras por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, los números se han ido recuperando gradualmente en los años siguientes, alcanzando nuevamente las cifras superiores a 3.000 tanto en 2023 como en 2024.
Los años 2018 y 2019 registraron las cifras más altas, con 4.181 y 4.677 expulsiones respectivamente, mostrando un declive en comparación con los números pre-pandemia.
La Comisaría General de Extranjería y Fronteras mantiene ‘procedimientos estrictos y reglados’ para gestionar las expulsiones, aplicando medidas cautelares como el internamiento o la retirada de pasaporte para asegurar la localización de los extranjeros. Además, el Ministerio menciona dificultades adicionales relacionadas con la identificación de la nacionalidad del expulsado, lo que podría afectar negativamente las relaciones exteriores de España.
En su conjunto, las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras operan por todo el territorio nacional, asegurando que no existan comunidades autónomas exentas de tramitar órdenes de expulsión.