Interior, Hacienda y Transición Ecológica se situaron el pasado año como los departamentos que más desoyeron las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), pese a que estas les obligaban a entregar la información solicitada por la ciudadanía.
Hasta el 30 de septiembre de 2025, el Consejo dictó 686 resoluciones sobre peticiones de acceso a información dirigidas al conjunto de la Administración General del Estado. De ellas, 581 se cumplieron, lo que supone el 84,8% del total, mientras que 79 (11,5%) fueron rechazadas y 25 (3,6%) terminaron en la vía contencioso-administrativa, sin que exista todavía sentencia firme en ninguno de estos casos.
Cuando una persona o entidad no recibe contestación en plazo o considera que la respuesta de una administración es insuficiente o errónea, puede presentar sin coste una reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia. Este organismo examina el expediente y emite una resolución motivada en un máximo de tres meses, que resulta obligatoria para la administración afectada, aunque en la práctica algunos departamentos la incumplen.
Ante esta situación, el solicitante tiene la posibilidad de acudir a la Audiencia Nacional, interponiendo un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-administrativo.
Información pendiente sobre los guardias civiles fallecidos en Barbate
Entre los ministerios más incumplidores figura Interior, con 18 resoluciones del CTBG sin ejecutar y otras 6 ya judicializadas, frente a 51 peticiones atendidas correctamente.
El Consejo no tiene constancia de que el departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska haya entregado la información reclamada en varias solicitudes relacionadas con la Policía Nacional: autorizaciones de compatibilidad para ejercer actividades privadas, productividad, atestados, comisiones de servicio, provisión de plazas, excedencias voluntarias y asistencia de los agentes a determinados actos.
Asimismo, ha acabado ante los tribunales la reclamación relativa al informe de prevención de riesgos laborales sobre el suceso del 9 de febrero de 2024 en el puerto de Barbate, cuando una narcolancha embistió a una embarcación del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y murieron dos guardias civiles.
Hacienda, SEPI y las inspecciones a partidos políticos
El Ministerio de Hacienda, del que depende administrativamente la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), tampoco ha acatado 13 resoluciones del CTBG, y mantiene otros ocho expedientes en la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a 61 casos resueltos favorablemente.
Entre las resoluciones incumplidas figuran reclamaciones sobre la retribución de los directivos del Consejo de RTVE y sobre el sistema de nombramientos discrecionales de su personal. Además, el ente público vinculado a la SEPI no respondió a una solicitud de acceso a las actas con las puntuaciones del jurado que eligió las canciones del Benidorm Fest 2025.
También se ha judicializado la falta de datos sobre el detalle de las inspecciones, resoluciones o procedimientos abiertos por la Agencia Tributaria desde el año 2000 a PP, PSOE, Vox y Podemos que hayan concluido con sanción o archivo.
El Tribunal deberá igualmente pronunciarse sobre la ausencia de información del departamento que dirige María Jesús Montero acerca de los informes semestrales de inversión territorializada del Estado por comunidades autónomas correspondientes al segundo semestre de 2022, todo 2023 y el primer semestre de 2024, así como sobre los criterios de reparto territorial de esas inversiones y el grado de ejecución presupuestaria por territorio.
Sin rastro del informe del apagón eléctrico
El Ministerio para la Transición Ecológica ha ignorado 12 resoluciones del Consejo de Transparencia y mantiene otras dos en la vía contenciosa, mientras que ha atendido satisfactoriamente 53 solicitudes.
Entre las reclamaciones no satisfechas figura la petición del informe íntegro elaborado por el Comité para el Análisis del apagón del 28 de abril, que reclamaba una cronología pormenorizada de los hechos ocurridos desde 12 horas antes de la caída del suministro hasta su completa recuperación, con horarios precisos por zonas geográficas, entre otros extremos.
En la misma línea, el Consejo ha requerido sin éxito al departamento de Sara Aagesen un informe detallado de las centrales eléctricas en territorio español con capacidad de arranque en negro y el estado operativo de estas instalaciones durante el apagón.
La Presidencia del Gobierno y el viaje de Sánchez a India
Además de los ministerios, el Consejo de Transparencia también dirige sus resoluciones a otros organismos estatales. Es el caso de la Secretaría de la Presidencia del Gobierno, que ha contestado de forma favorable a 36 solicitudes, pero ha dejado sin cumplir otras 10.
Entre estas últimas se incluyen varias peticiones sobre los gastos de representación y los vuelos realizados en el Falcon y en otros aviones oficiales por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También figura una solicitud relativa a la documentación de la que dispuso al inicio de la dana que afectó a Valencia en 2024, las decisiones que adoptó y los motivos por los que no pudo adelantar su regreso a España durante su viaje oficial a India en esas fechas.
En el listado de ministerios con más incumplimientos con el CTBG aparece también el de Inclusión. De 45 solicitudes de información, cinco quedaron sin respuesta. Todas se referían al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y, en su mayoría, buscaban conocer los criterios, baremos y evaluaciones utilizados para la asignación de puestos de trabajo en este organismo.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad cerró el ejercicio con 17 resoluciones cumplidas, cuatro desatendidas y un asunto en el Contencioso-Administrativo, relativo al contenido del acuerdo firmado con la empresa Indra el 15 de octubre de 2024.
Los incumplimientos se concentran en la falta de información sobre los criterios de valoración de los cuerpos docentes universitarios por parte de la Agencia Nacional de la Calidad y Evaluación (ANECA), sobre el expediente de elaboración del Real Decreto 640/2021, que regula la creación, reconocimiento y autorización de universidades, y sobre los informes de la Conferencia General de Política Universitaria.
Transporte, Cercanías y siniestralidad laboral
Transportes rechazó el pasado año tres resoluciones del Consejo de Transparencia y otras cuatro han llegado a la vía contenciosa. Entre ellas destaca la negativa a facilitar los datos pormenorizados de las incidencias que afectaron al servicio entre 2012 y 2023 en todas las líneas de Cercanías de Valencia.
También consta otro recurso relativo a las incidencias registradas desde el 1 de septiembre de 2023 en el Eje Atlántico de alta velocidad entre La Coruña y Vigo.
Trabajo, por su parte, ha desoído tres resoluciones de un total de 32, entre ellas una solicitud sobre los datos de reducción de la siniestralidad laboral vinculada a la brecha de género en el periodo 2014-2024.
Cierran la relación de departamentos incumplidores los ministerios de Presidencia y Economía, con dos resoluciones rechazadas cada uno, y los de Transformación Digital, Industria e Igualdad, con una. En este último caso, la petición se refería al desglose del número total de víctimas mortales de violencia de género inscritas en VioGén que fueron asesinadas por su agresor. El resto de ministerios presenta un balance plenamente favorable en el cumplimiento de las resoluciones del CTBG.