El Ministerio del Interior ha celebrado la aprobación en el Congreso de la ley contra la multirreincidencia promovida por Junts, que ha salido adelante con el apoyo de PSOE, PP y Vox, al incorporar penas de prisión específicas para frenar el suministro de combustible a las 'narcolanchas', práctica conocida como 'petaqueo'.
La Proposición de Ley Orgánica en Materia de Multirreincidencia tipifica como delito la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte o suministro de combustibles líquidos fuera de los supuestos legalmente autorizados, siempre que supongan un riesgo para la vida, la integridad física o la salud de las personas, o para el medio ambiente.
Fuentes de Interior subrayan que la norma prevé penas de entre tres y cinco años de cárcel para perseguir el 'petaqueo', una herramienta que consideran complementaria a la del Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, que ya declaró las embarcaciones rápidas como género prohibido.
“El objetivo prioritario de la reforma es combatir el suministro de combustible en el mar a las 'narcolanchas', el conocido como 'petaqueo', para anular la capacidad de proyección y la autonomía de las embarcaciones de alta velocidad que utilizan las organizaciones criminales en el transporte de la droga”, han indicado desde el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska.
Interior ha señalado que, solo entre enero y octubre de 2025, en las seis provincias incluidas en el Plan Especial de Seguridad Campo de Gibraltar --Cádiz, Huelva, Málaga, Almería, Granada y Sevilla-- las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado decomisaron 683.000 litros de gasolina.
Asimismo, han incidido en que el vertido de carburante en áreas protegidas, unido a la costumbre de arrojar las garrafas al mar tras el repostaje, provoca un daño ambiental directo sobre estos ecosistemas.
Desde el Ministerio también ponen el foco en la dimensión de seguridad y salud públicas de la reforma, al recordar que el almacenamiento irregular de grandes volúmenes de combustible en naves, garajes, trasteros o viviendas, así como su traslado por carretera, eleva de forma notable el riesgo de accidentes graves.
La reforma penal contra la multirreincidencia, impulsada por la formación de Carles Puigdemont, endurece igualmente las sanciones por robos de teléfonos móviles y estafas en el entorno digital, entre otras conductas. La ley ha sido aprobada con los votos favorables de PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN, pero ha puesto de manifiesto la división interna en el Gobierno de coalición.
En este contexto, Sumar ha mostrado un rechazo frontal al texto y se han posicionado en contra los socios de izquierda Bildu, Podemos, BNG y Compromís. ERC, por su parte, ha optado por la abstención tras pactar un refuerzo de la plantilla de jueces destinada a Cataluña.