El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha informado este miércoles de que la Secretaría de Estado de Seguridad llevará a cabo una “revisión extraordinaria” de los protocolos internos frente al acoso sexual y la violencia de género en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El objetivo es esclarecer por qué la agente que ha denunciado por violación al ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González, optó por no recurrir a ese cauce interno y decidió acudir directamente a los tribunales.
El anuncio se ha producido durante su comparecencia en la comisión de Interior del Congreso, donde los portavoces de PP, Vox, ERC y Unión del Pueblo Navarro le han reclamado explicaciones por el “escándalo” derivado de la denuncia contra quien hasta la pasada semana era el máximo mando uniformado de la Policía Nacional.
“Es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera. Y por lo tanto, vamos a revisar los aspectos del sistema que sean necesarios con la intención de determinar por qué una policía agredida renunció a denunciar de inmediato el ataque que sufrió”, ha señalado el titular de Interior.
Revisión extraordinaria pese a la eficacia previa del protocolo
Marlaska ha subrayado que estos mecanismos internos han demostrado ser útiles y que en otros episodios similares dentro de las Fuerzas de Seguridad sí se activaron, pero ha precisado que, dada la gravedad de los hechos atribuidos al ex número dos de la Policía, se ha decidido impulsar esta revisión adicional.
Ha recordado que los protocolos ya se someten a “revisiones y actualizaciones internas” de forma periódica, aunque ahora se ha considerado oportuno que la Secretaría de Estado de Seguridad, dirigida por la que fuera secretaria de Estado de Igualdad, Aína Calvo, asuma la dirección de esta revisión extraordinaria del protocolo en vigor en la Policía Nacional desde 2022 y en la Guardia Civil desde 2019.
“Queremos saber con precisión qué ha ocurrido en este caso y detectar posibles carencias en nuestros protocolos de actuación ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo, género, orientación o identidad sexual y corregirlas de inmediato para que hechos tan graves no vuelvan a producirse”, ha enfatizado el ministro.
La oposición exige responsabilidades políticas
El diputado del PP Ángel Hernández ha exigido explicaciones a Marlaska por lo que considera el “ataque más grave que ha sufrido la Policía Nacional en toda su historia” y le ha reprochado que continúe “oculto para no dar explicaciones” sobre la “presunta violación por parte, nada más y nada menos, que del jefe de todos los uniformados”.
Según Hernández, “no ha explicado si lo sabía o si lo sabía y lo ocultó, y cómo pudo forzar la continuidad de su íntimo colaborador. Porque después de lo conocido, si usted no lo hubiese mantenido, no hubiera habido tal violación. Y eso implica la asunción inmediata de responsabilidades y dar explicaciones”.
Desde Vox, Ignacio Gil Lázaro ha cargado contra el ministro por “el hito repugnante de haber conseguido que por vez primera en la historia de la democracia española, el DAO de la Policía sea un presunto agresor sexual”.
Tras recriminarle que prorrogara la “edad activa” de su “hombre de confianza” introduciendo esa medida “de rondón” en un decreto de ayudas por la dana de Valencia, y que se permitiera “revictimizar” a la agente “creando sobre ella la presión” de decidir sobre su permanencia en el cargo, el diputado de Vox ha insistido en que, si a Marlaska le quedara un “mínimo de decencia política”, ya habría presentado su dimisión.
ERC, socio parlamentario del Gobierno, también ha abordado el asunto. El diputado Francecs-Marc Álvaro Vidal ha reclamado más información sobre un caso que “ha consternado a la sociedad” y que, ha dicho, afecta a la “reputación” del Ministerio del Interior y a los mecanismos de control sobre la cúpula policial.
Dimisión o cese del exDAO: el foco del debate
El ministro ha defendido su gestión recalcando que reclamó la querella en cuanto supo de su admisión a trámite y que, tras examinarla, concedió al entonces DAO “un cortísimo espacio de tiempo para que asumiera la responsabilidad y dimitiera”, advirtiéndole de que, si no lo hacía, sería “cesado inmediatamente”.
“Todo en menos de dos horas”, ha remarcado, insistiendo en que, de forma paralela, su prioridad fue que la denunciante contara con “toda la protección y el apoyo necesario para garantizar su completa defensa y obtener, si así lo decide la Justicia, toda la reparación posible”.
Pese a ello, PP, Vox y UPN han considerado insuficientes sus explicaciones y han reclamado su salida del Gobierno. El representante de UPN, Alberto Catalán, le ha pedido que abandone el cargo por su “incompetencia, inutilidad e indignidad” ante el “vergonzoso escándalo” protagonizado por “su protegido”, en alusión al exDAO.
Ausencia del director de la Policía y destino del entorno del exDAO
En su segunda intervención, los portavoces de Vox y ERC, y también el diputado de Bildu Jon Iñarritu, han denunciado la ausencia del director general de la Policía, Francisco Pardo, desde el inicio de la crisis, una cuestión sobre la que el ministro no ha ofrecido respuesta. Además, tanto Iñarritu como Gil Lázaro han criticado que se diera a González la opción de dimitir en lugar de proceder a su cese fulminante.
El diputado de Vox también ha censurado que, en lugar de suspenderle de empleo y sueldo, se haya recolocado “en un lugar destacado del organigrama de la Policía Científica” al comisario Óscar San Juan, considerado la mano derecha del exDAO y que supuestamente habría intentado “comprar el silencio de la víctima”.
Sobre este punto, Iñarritu ha añadido que una de las alternativas que se planteó a la agente fue destinarla a una embajada, una fórmula que, según ha apuntado, se utiliza también para recompensar a otros mandos y que, a su juicio, obliga a regular mejor la adjudicación de estos puestos.
Marlaska ha defendido el traslado de San Juan desde un puesto tan “sensible” en la Dirección Adjunta Operativa a otro que, según ha dicho, no reviste “ninguna relevancia”. “En algún sitio había que ponerle”, ha señalado, insistiendo en que no se le puede suspender sin una base “objetiva”, ya que los tribunales podrían tumbar esa decisión.
Tras precisar que ha sido la propia denunciante quien ha pedido que sea la Justicia la que determine si se investiga a San Juan por las supuestas presiones, el ministro ha indicado que Interior esperará a lo que se resuelva en sede judicial antes de adoptar nuevas decisiones sobre este comisario. “Cuando se pueda, si se tiene que hacer, se hará”, ha concluido sobre un posible cese futuro.