La actual escalada bélica en torno a Irán vuelve a colocar el foco sobre la vulnerabilidad energética europea, especialmente en lo relativo al petróleo y al gas procedentes del Golfo Pérsico. Aunque España presenta mayor resiliencia que sus vecinos (más peso de las renovables y múltiples proveedores de gas natural licuado), la inestabilidad en el Estrecho de Ormuz reaviva el fantasma de la escasez de suministro.
Desde el Ejecutivo se lanza un mensaje de tranquilidad sobre cómo está preparado nuestro país para esta posible crisis energética derivada de la tensión en Oriente Medio. La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha asegurado que el suministro energético español es muy diversificado y que solo el 5% del petróleo y el 2% del gas atraviesan el Estrecho de Ormuz. Sin embargo, en un mercado globalizado, el impacto no depende únicamente del volumen importado directamente, sino también de la evolución de los precios internacionales.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha señalado que todavía es pronto para determinar el alcance definitivo de la crisis en Oriente Próximo. Sin embargo, ha recalcado que el Ejecutivo estará “encima de los precios” con el fin de reaccionar si fuera preciso y reducir al máximo los posibles efectos adversos de esta guerra sobre ciudadanos y empresas, entre ellas los transportistas y las grandes industrias.
Pero no es la primera vez, ni le segunda, ni probablemente sea la última vez, que la excesiva dependencia en materia energética hacía terceros países obligue a la clase política española a pedir sacrificios a la ciudadanía con tal de evitar un agravamiento de la crisis. Aunque Sánchez prefirió evitar ese término en 2022 cuando la guerra de Ucrania y la actitud de Rusia puso en jaque a Europa y, muy en especial, a su política energética: "No se trata de hacer grandes sacrificios, sino de adoptar pequeños cambios de hábitos para defender nuestro modelo de vida, hoy amenazado por la gestión de un autócrata".
Irán, medio siglo atrás
El 16 de mayo de 1979, y por petición propia del Gobierno, se estrenaba en el Congreso el recién elegido ministro de Industria y Energía, Carlos Bustelo. En un debate monográfico sobre política energética alentado por la grave situación que atravesaba España a finales de los setenta.
Tal como reconocía el Ejecutivo de la UCD en el escrito que motivó su comparecencia y que remitió a la Mesa del Congreso "la situación energética española, que continúa caracterizada por una dependencia del petróleo superior al 70% del consumo total de energía primaria, se ha visto agravada en los últimos meses como consecuencia del exceso de demanda sobre las posibilidades de oferta originado por los acontecimientos de Irán".
Desde la tribuna Bustelo afirmó que "todo responsable de la política energética de cualquier país se encuentra con el problema de convencer a sus ciudadanos de la necesidad de proceder a ahorros energéticos en función de unas necesidades futuras". Una coyuntura en la que también se vio Sánchez tras la invasión rusa a Ucrania.
En 1979 en España el 70% de la energía procedía del petróleo. Paralelamente, la media en los países que formaban la CEE, entre los que aún no figuraba España, era del 48%.
1979: la revolución islámica
En enero de 1979, la Revolución Islámica derrocó al sha Mohammad Reza Pahlaví y transformó el país en una república islámica liderada por el ayatolá Jomeiní tras meses de protestas masivas contra el régimen autoritario y al que las fuerza revolucionarias consideraban excesivamente vinculado a Occidente.
La inestabilidad política y las huelgas, especialmente en el sector petrolero, provocaron una caída drástica de la producción de crudo, dando lugar a lo que se conoce como 'la crisis del petróleo de 1979'.
El precio del barril se disparó y las economías occidentales sintieron el impacto de la escasez energética.
Aparentemente la situación para nuestro país en la actualidad es más alentadora, tal como ha precisado Aagesen. También lo fue en 2022, cuando mientras que para el conjunto de la UE el gas procedente de Rusia suponía antes del estallido del conflicto el 40% total, en España únicamente representaba el 10,7%.
Hace cuatro años, los recortes previstos venían en gran medida por la exigida solidaridad con los socios comunitarios. Sánchez no dudó en recordarlo en unas de sus intervenciones en el Senado en septiembre de 2022: "El objetivo que acordamos con Bruselas es el de reducir en un 7 % el consumo de gas para asegurar así que no habrá carencias de suministro ni en España ni en ningún hogar europeo".
La respuesta del gobierno
A pesar de las grandes diferencias que motivaron una y otra crisis, así como sus consecuencias a largo plazo, existen paralelismos en la manera en la que se trata de afrontarlas. En común está una misma cuestión de fondo: tratar de rebajar el consumo de energía de una fuente en concreto. En 1979 era el petróleo iraní, en 2022 el gas ruso y en 2026 el foco está puesto en el gas y el petróleo de los países del Golfo.
Una nueva normativa para el aislamiento térmico de los edificios, la regulación de las instalaciones de calefacción, agua caliente y climatización; o un mayor rigor en las limitaciones impuestas para el uso del alumbrado público, son medidas que pueden resultar familiares, pero no cercanas del todo. Ya que fueron anunciadas por el ministro Bustelo en 1979 con el objetivo de paliar la situación, según recoge el Diario de Sesiones. En 2022, el Gobierno tuvo de nuevo que poner en marcha políticas muy similares, que enmarcadas en el Real Decreto Ley de ahorro y eficiencia energética.
Durante la jornada de ayer, algunas formaciones como Sumar, instaron al Ejecutivo a aprobar medidas como las adoptadas en anteriores crisis. En concreto, el socio minoritario de la coalición quiere que se apruebe un nuevo paquete económico, que incluya entre otras medidas el conocido como tope al gas, para limitar el precio de generación de electricidad.
En función de la duración de la contienda en Oriente Próximo y de los actores implicados, el incremento de los precios que se avista como la consecuencia más directa, puede derivar en una escasez de suministros.