La exdiputada socialista Irene Lozano ha desmentido de forma rotunda que pueda atribuírsele ninguna “traza de corrupción” en su etapa al frente de la dirección general de Casa Árabe, puesto que abandonó el pasado mes de febrero, y ha manifestado que está dispuesta a acudir a los tribunales para proteger su reputación si fuera preciso.
Mediante un comunicado difundido en su perfil de LinkedIn, Lozano responde así a la decisión de la Comunidad de Madrid de retirar su aportación económica a Casa Árabe, de cuyo consorcio formaba parte, así como a las críticas procedentes del Ayuntamiento de Madrid tras hacerse público un informe del Tribunal de Cuentas sobre la entidad correspondiente a los ejercicios de 2023 y 2024.
“Ni en este mundo ni en ningún otro voy a tolerar que se sugiera una traza de corrupción en mi trayectoria. No me voy a callar y si es necesario iré a los tribunales a defender mi reputación”, ha afirmado Lozano, que atribuye los “insultos injustos y arbitrarios” que viene recibiendo a su condición de mujer y al hecho de haber sido la autora de las memorias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En su informe relativo a los años 2023 y 2024, el Tribunal de Cuentas advirtió de que la “crítica situación finaciera” de Casa Árabe compromete su continuidad. El organismo fiscalizador detalló que la institución acumula resultados negativos recurrentes, cercanos al millón de euros anual, con unos gastos de gestión ordinaria de 3,2 millones de euros en 2023 y 3,3 millones de euros en 2024, que se han cubierto tirando del remanente de tesorería.
Asimismo, el Tribunal de Cuentas señaló que la entidad “carece formalmente de un sistema completo y estructurado de control interno” y detectó “debilidades y deficiencias relacionadas con la organización del personal, instrucciones, procedimientos y manuales internos de gestión económico-financiera”.
Un déficit estructural desde 2012
La también exdiputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) sostiene que la salida del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de Casa Árabe responde a “una decisión política” que se ha amparado “en el déficit de la Casa”, un desequilibrio presupuestario que, según remarca, “es estructural desde el año 2012 y tiene su origen en los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy, tras la crisis financiera y económica”.
Desde su puesta en marcha en 2006, Casa Árabe “ha vivido más años con déficit que sin él, así de estructural es”, enfatiza la exdirectora, quien considera que “no resulta convincente achacar al déficit la decisión de marcharse”.
De acuerdo con lo expuesto en su escrito, recogido por Europa Press, todos los responsables de la institución “han compensado ese déficit recurriendo al remanente de caja generado en los años de bonanza” y “así se ha aprobado cada año en las cuentas anuales” por parte del consorcio.
Tras reivindicar que sus “esfuerzos para generar ingresos privados con los que paliar el déficit fueron una constante”, Lozano ha querido aclarar la lectura que se ha hecho del informe del Tribunal de Cuentas.
Defensa de su gestión y medidas adoptadas
En este sentido, recalca que el órgano fiscalizador “no ha encontrado una sola pega que poner a dichas cuentas” y que cuando utiliza el término “irregularidades” lo hace para aludir “a todo lo que se aleja de lo habitual”. “Esto en modo alguno equivale a prácticas desviadas o corruptas como han sugerido algunos pseudomedios”, ha puntualizado.
“En general, me alejé poco de las prácticas habituales hasta ese momento, salvo en tres cosas”, ha explicado. Entre esas decisiones, ha enumerado la venta del coche oficial “para eliminar gastos superfluos”; la conversión en indefinidos de una decena de docentes del Centro de Lengua que hasta entonces trabajaban como falsos autónomos, y la contratación de una persona con experiencia en concurrir a proyectos para captar fondos europeos.
Por último, Lozano ha indicado que trasladó propuestas para atajar el déficit a las administraciones presentes en el consorcio de Casa Árabe, entre ellas el cierre de una de las dos sedes, en Madrid o Córdoba, pese a que sería una medida “dolorosa”, así como la puesta en marcha de un “plan de viabilidad”.