La exministra de Igualdad y actual ‘número dos’ de Podemos, Irene Montero, ha advertido de que las denuncias por acoso sexual contra el exasesor de Moncloa, Francisco Salazar, constituyen un asunto “muy grave” y ha considerado “evidente” que dentro del PSOE se ha tratado de evitar la aplicación del protocolo específico contra el acoso, algo que, a su juicio, incrementa la desprotección de las víctimas.
En una entrevista en la cadena ‘Cuatro’, recogida por Europa Press, la dirigente de Podemos ha señalado que “es evidente que cuando tú tienes un protocolo, por bien hecho que esté, si no lo aplicas, si no estás cumpliendo y estás dando respuesta a las víctimas. Si no estás garantizando que se hace una investigación, que se ve si existe responsabilidad y, sobre todo, que durante todo ese proceso se desprotege a las víctimas, eso abunda en la impunidad y eso es una estructura social”.
Preguntada por si considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el máximo responsable de lo sucedido, Montero ha respondido que “no lo puede saber” y que tampoco tiene información sobre quiénes son, de forma concreta, los encargados de activar ese protocolo dentro de la organización socialista.
SALAZAR, UN HOMBRE “CON PODER” EN EL PSOE
Tras esta reflexión, Montero ha manifestado que “claramente hay una estructura ahí” que está “impidiendo que se aplique un protocolo” recurriendo a “cualquier excusa”, que “no está importando dejar desprotegida a las víctimas” y que “hay un interés en que no vaya a más una exposición de un hombre con poder del PSOE y cercano a los círculos de ministros”.
Al ser cuestionada sobre si el PSOE tendría que acudir a la Fiscalía y actuar contra Salazar, la exministra ha remarcado que una mujer tiene la potestad de decidir si denuncia o no, pero ha incidido en que la ausencia de denuncia judicial no puede servir de pretexto para que una organización política “no actúe”, especialmente cuando la mayoría de las mujeres no llegan a formalizar denuncia.
En este sentido, ha recordado que la Ley ‘solo sí es sí’ establece, entre otras cuestiones, que una empresa está obligada a intervenir ante situaciones de violencia sexual y a garantizar los derechos de las víctimas incluso cuando no denuncian, fijando que existe una responsabilidad civil e incluso penal para las entidades que no actúen con la “debida diligencia” en el entorno laboral.
ES RESPONSABILIDAD DE LOS DIRIGENTES QUE SE APLIQUE EL PROTOCOLO
Montero ha recalcado que “los máximos responsables de una organización política siempre tienen la responsabilidad de tener los mejores protocolos y garantizar que se aplican”. “Y aquí estamos viendo una situación que aunque los protocolos estén, hay un problema”, ha añadido, subrayando que no basta con disponer de normas internas si luego no se ponen en marcha.
De forma más general, la exministra ha apuntado que la “tónica general” en España es que existen “hombres con poder” que, ante acusaciones de acoso, “no se les toca” o se les termina “protegiendo”. A su entender, este patrón de actuación forma parte de lo que denomina “cultura de la violación”, donde las estructuras de poder tienden a blindar a los agresores y a dejar en segundo plano la protección efectiva de las víctimas.