La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha mencionado hoy que la advertencia realizada ayer por la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, acerca de que es el momento de un cambio, podría ser utilizada por el Gobierno para “construir una excusa” de cara a la posible convocatoria de elecciones generales.
Durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Montero ha explicado que, a estas alturas, es bien sabido que la decisión de convocar elecciones reside en el PSOE y el presidente del Gobierno, y no depende de Junts ni de ningún otro socio. En este sentido, recordó que Pedro Sánchez ya ha manifestado su intención de gobernar tanto con presupuestos como sin ellos.
Por otra parte, la eurodiputada considera que esta advertencia de Nogueras representa un “tipo de escenificación” que podría permitir al PSOE justificar la convocatoria electoral no solo cuando les convenga o enfrenten situaciones apremiantes, sino atribuyéndola a una presión externa de Junts.
Montero también señaló que el PSOE podría presentar los presupuestos de manera abrupta en el Congreso, una táctica que, según ella, se emplea cuando se busca perder una votación para poder argumentar que la falta de apoyo de otros partidos es la razón para convocar a elecciones. Opina que los presupuestos podrían ser una “buena excusa” para este fin.
En relación a si Podemos también considera necesaria una renovación legislativa, Montero no ha respondido directamente, pero enfatizó la importancia de una “izquierda fuerte y un feminismo fuerte” para avanzar en derechos y solucionar problemas nacionales, contribuyendo así a la estabilidad del país.
DESHACER EL GASTO MILITAR PARA LOGRAR LOS VOTOS DE PODEMOS
Montero ha explicado que su propuesta para abordar la problemática de la vivienda incluye reducir por ley los precios de los alquileres, prohibir la compra de inmuebles a no residentes, expulsar a los fondos de inversión europeos y expropiar la propiedad a los fondos buitre.
Acerca del apoyo de Podemos a los Presupuestos Generales del Estado, Montero ha aclarado que será condicional al desmantelamiento del incremento del gasto militar, que representa más del 2% del PIB, y cuya realocación debería beneficiar a los servicios públicos y políticas feministas, entre otros.