La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha eludido precisar si respalda o no el principio de ordinalidad en el modelo de financiación autonómica planteado por la titular de Hacienda, María Jesús Montero, y ha desplazado el foco del debate hacia el destino que dan las comunidades autónomas al dinero que reciben de la caja del Estado, reprochando que territorios como Madrid o Andalucía lo utilicen para sostener la sanidad privada.
Durante una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Rodríguez ha sido interpelada hasta en tres ocasiones sobre su postura respecto a la ordinalidad en la financiación de las CCAA. El dirigente de ERC, Oriol Junqueras, tras su encuentro público con Pedro Sánchez en Moncloa para pactar la financiación autonómica, explicó que este principio supone que si una comunidad es la tercera que más aporta al sistema, también sea la tercera en recursos recibidos.
Pese a ello, la ministra no ha aclarado si está a favor o en contra de dicho criterio, incluso cuando se le ha preguntado expresamente por la posición de las CCAA gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha y Asturias, que lo rechazan.
Cuestionada sobre si es posible defender desde la izquierda ese principio de ordinalidad, la responsable de Vivienda ha optado por respaldar la propuesta de financiación autonómica del Ministerio de Hacienda, a la que ha calificado de “muy necesaria”. A su juicio, el Gobierno es “valiente” por haberla puesto sobre la mesa, ya que se trata de un “problema complejo” que requiere hacer “encaje de bolillos” como los que se hacen en su tierra.
Rodríguez ha insistido en que “seguramente, si preguntamos a la mayoría de los españoles qué estamos queriendo decir con este principio, no lo tienen claro. Pero si le preguntamos si es necesario dotar de más recursos a la sanidad pública, a la educación pública o a la vivienda pública, nos dirán que sí”.
Ha remarcado además que “más allá del debate intelectual o académico” sobre la financiación autonómica, lo que más le preocupa como socialista es a “qué se han destinado esos recursos”. En su opinión, este enfoque debe formar parte central de la discusión.
Crítica al uso de fondos para privatizar la sanidad
Rodríguez ha advertido de que “lo que no se puede tolerar es que en un momento donde se han puesto más recursos que nunca encima de la mesa para políticas sanitarias o políticas educativas, entraban de la caja de la Administración General del Estado a las comunidades autónomas y salían en forma de beneficios fiscales a los más poderosos o en forma de beneficios a grandes corporaciones, en este caso sanitarias o de privatización de la sanidad”.
Por ello, ha subrayado que su prioridad es asegurar los servicios públicos esenciales y la pervivencia del estado del bienestar en todas las CCAA, y ha defendido que con los 21.000 millones comprometidos se incrementan los recursos para el conjunto de las autonomías.
La ministra tampoco ha despejado si el nuevo sistema de financiación debe remitirse a las Cortes en los términos actuales, pese al rechazo mayoritario de las comunidades, ya que se oponen todas las gobernadas por el PP, además de Castilla-La Mancha y Asturias, mientras que solo cuenta con el apoyo expreso de Cataluña.
A su entender, es necesario aguardar a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera prevista para hoy, en la que se presentará formalmente la propuesta a las autonomías de régimen común. Al mismo tiempo, ha reclamado al PP que ponga sobre la mesa su propio planteamiento, recordando que hasta ahora únicamente el Gobierno ha formulado una propuesta concreta.
En cualquier caso, ha recalcado que el eventual acuerdo deberá pasar por el Parlamento, porque considera que el modelo tiene que reflejar también la pluralidad que los ciudadanos han trasladado a la representación parlamentaria.
Isabel Rodríguez ha descrito este proceso como un momento “trascendental” de toda la “arquitectura constitucional” levantada en los últimos 45 años y ha responsabilizado a Vox y al PP de pretender desmantelar el estado del bienestar.