El representante de Izquierda Unida en el parlamento, Enrique Santiago, ha presentado una propuesta en el Congreso para impedir que las empresas que ‘colaboren con la ocupación’ de territorios palestinos participen en contrataciones del sector público.
En la propuesta introducida recientemente, Santiago ha solicitado al Gobierno ‘adoptar las medidas necesarias para incluir en todos los pliegos de contratación pública (ministerios, organismos autónomos, empresas públicas y demás entidades dependientes del Estado) una cláusula que excluya de la participación en licitaciones a empresas nacionales o extranjeras que colaboren, directa o indirectamente, con la ocupación ilegal de los Territorios Palestinos Ocupados’.
Esta restricción también afectaría a las empresas que cooperen ‘con actos que puedan constituir genocidio, en aplicación de las medidas provisionales ordenadas por la CIJ y de la opinión consultiva del 19 de julio de 2024 que declaró ilegal la ocupación’, explicó el portavoz.
La medida se da en un contexto de críticas por la participación del equipo Israel-Premier Tech en la Vuelta a España, controlado por Sylvan Adams, calificado por IU como ‘colaborador y amigo del Gobierno genocida de Benjamin Netanyahu’.
‘Este evento deportivo internacional lo organiza una empresa privada, en este caso Unipublic, que se beneficia de múltiples contratos de administraciones públicas españolas’, enfatizó Santiago en su documento.
En su declaración, Santiago recordó que ‘la Corte Internacional de Justicia determinó que los asentamientos israelíes en Cisjordania violan el Derecho internacional’, lo que llevó a ‘la paralización de asentamientos y la evacuación de colonos, subrayando su carácter de anexión permanente, así como la vulneración de la 4ª Convención de Ginebra’.
IU también ha destacado que ‘numerosas empresas españolas’ han sido señaladas por su implicación en actividades económicas relacionadas con ‘asentamientos ilegales’. ‘Empresas de sectores como construcción, tecnología y transporte han sido incluidas en informes de organizaciones como Naciones Unidas y observatorios de Derechos Humanos’, agregó Santiago.
La propuesta de IU se inspira en precedentes internacionales, como el caso de Irlanda, y según Santiago, incluir estas cláusulas ‘permitiría dar cumplimiento a las obligaciones internacionales de España y garantizar que los recursos públicos no contribuyan a situaciones de ocupación ilegal, apartheid o genocidio’.