Enrique Santiago, representante de Izquierda Unida en el Congreso, presentó una proposición no de ley (PNL) este miércoles, en representación del grupo parlamentario de Sumar, para organizar un acto institucional en memoria y reparación a todas las víctimas ejecutadas durante la dictadura franquista, coincidiendo con el medio siglo de los últimos fusilamientos (27 de septiembre de 1975).
Durante una conferencia de prensa en el Congreso, Santiago detalló que también se buscará aprobar una declaración institucional en el Congreso, la cual necesitará el respaldo unánime de todos los grupos parlamentarios para ser proclamada en el Pleno.
Abuso de la pena de muerte y vínculos políticos
El líder de IU rememoró que los tratados internacionales de Derechos Humanos han abolido la pena de muerte y destacó el rol crucial de España, post dictadura, en la lucha contra esta pena. Recordó que la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte fue presidida hasta su muerte por el exministro Federico Mayor Zaragoza.
«Nos parece importante que en este momento haya un pronunciamiento claro de todas las fuerzas políticas contrario a la pena de muerte, y que se haga un reconocimiento a estas personas que injustificadamente sufrieron estos coletazos del franquismo en el año 1975, al igual que el resto», expresó Santiago. Acentuó que la dictadura empleó la pena de muerte «de forma abusiva para confrontar y reprimir a la oposición política y a todos los demócratas que luchaban contra la dictadura, la democracia y la libertad». Según él, más de 100.000 personas fueron ejecutadas por el franquismo mediante ejecuciones extrajudiciales o tras consejos de guerra, y «hay historiadores que hablan hasta de 300.000».
Como ejemplo, mencionó la cárcel de Porlier, donde 3.000 de sus 5.000 reclusos fueron fusilados entre 1939 y 1944, y los cuatro gobernadores de Galicia ejecutados tras el fin de la guerra civil.
Reconocimiento y reparación a las víctimas
La PNL subraya que es «imprescindible» que coincidiendo con el 50 aniversario de las últimas ejecuciones de presos políticos por la dictadura franquista, se recuerde a todas las víctimas. Esta iniciativa también defiende que la democracia en España «no podrá ser plena hasta que se haga efectivo el reconocimiento, reparación y dignificación de todas las víctimas de la dictadura franquista y para ello es imprescindible el compromiso indisoluble de todas las administraciones públicas».
El 27 de septiembre de 1975, en las localidades de Hoyo de Manzanares (Madrid), Barcelona y Burgos, fueron ejecutadas por fusilamiento cinco personas: Xosé Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez-Bravo, Ramón García Sanz y los miembros de ETA Jon Paredes Manot (Txiki) y Ángel Otaegui.