QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Enrique Santiago, representante de Izquierda Unida en el parlamento, ha presentado una propuesta en el Congreso para impedir que las empresas que colaboren con la ocupación de territorios palestinos puedan participar en la contratación pública.
La propuesta, introducida el pasado viernes, solicita a los dirigentes del Gobierno adoptar las medidas necesarias para incluir en todos los pliegos de contratación pública (ministerios, organismos autónomos, empresas públicas y demás entidades dependientes del Estado) una cláusula que excluya de la participación en licitaciones a empresas nacionales o extranjeras que colaboren, directa o indirectamente, con la ocupación ilegal de los Territorios Palestinos Ocupados.
Esta exclusión también afectaría a empresas que colaboren con actos que puedan constituir genocidio, en aplicación de las medidas provisionales ordenadas por la CIJ y de la opinión consultiva del 19 de julio de 2024 que declaró ilegal la ocupación, según ha precisado el portavoz.
La propuesta se produce en un contexto donde parte del público y aficionados han protestado contra la participación del equipo ciclista Israel-Premier Tech en la Vuelta a España, equipo del cual Sylvan Adams, señalado por IU como colaborador y amigo del Gobierno genocida de Benjamin Netanyahu, es propietario.
Enrique Santiago también recuerda en su escrito que en julio del año anterior la Corte Internacional de Justicia determinó que los asentamientos israelíes en Cisjordania violan el Derecho internacional, por lo que ordenó la paralización de asentamientos y la evacuación de colonos, destacando su carácter de anexión permanente y la infracción de la 4ª Convención de Ginebra.
Además, se ha identificado la participación de numerosas empresas españolas en actividades económicas relacionadas con asentamientos ilegales en sectores como construcción, tecnología y transporte, incluidas en informes de organizaciones como Naciones Unidas y observatorios de Derechos Humanos, destacó Santiago.
La iniciativa se basa en precedentes internacionales, como en Irlanda, donde el Gobierno ha emitido directrices para verificar la implicación de empresas en actividades que vulneren el Derecho Internacional. Santiago afirmó que incluir estas cláusulas permitiría cumplir con las obligaciones internacionales de España y asegurar que los recursos públicos no apoyen situaciones de ocupación ilegal, apartheid o genocidio.
