QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Enrique Santiago, representante de Izquierda Unida en la Cámara Baja, ha presentado una proposición no de ley (PNL) en representación del grupo parlamentario de Sumar, solicitando un homenaje oficial para todas las víctimas ejecutadas durante el régimen franquista, coincidiendo con el medio siglo de los últimos fusilamientos, que tuvieron lugar el 27 de septiembre de 1975.
En un encuentro con la prensa este miércoles en el Congreso, Santiago detalló que también se buscará aprobar una declaración institucional en el Congreso, que requiere el consenso de todos los grupos parlamentarios para ser proclamada en el Pleno.
UN IMPLACABLE USO DE LA PENA DE MUERTE
El líder de IU recordó que la pena de muerte está abolida en los tratados internacionales de Derechos Humanos y destacó el rol crucial de España en la lucha contra esta desde el término de la dictadura. Hasta su muerte el año pasado, la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte fue liderada por el exministro Federico Mayor Zaragoza.
Santiago enfatizó que la dictadura empleó la pena de muerte ‘de forma abusiva para confrontar y reprimir a la oposición política y a todos los demócratas que luchaban contra la dictadura, la democracia y la libertad’. Reveló que más de 100.000 personas fueron ejecutadas por el franquismo a través de ejecuciones extrajudiciales o tras consejos de guerra, y mencionó que ‘hay historiadores que hablan hasta de 300.000’.
Como ejemplo, mencionó la prisión de Porlier, donde 3,000 de sus 5,000 presos fueron fusilados entre 1939 y 1944, así como el caso de los cuatro gobernadores de Galicia ejecutados después de la guerra civil.
Santiago resaltó que desde 1960, las penas de muerte fueron refrendadas en Consejos de Ministros, ‘donde había dirigentes que posteriormente algunos fueron hasta fundadores del Partido Popular’, haciendo referencia a Manuel Fraga Iribarne.
‘Nos parece importante que en este momento haya un pronunciamiento claro de todas las fuerzas políticas contrario a la pena de muerte, y que se haga un reconocimiento a estas personas que injustificadamente sufrieron estos coletazos del franquismo en el año 1975, al igual que el resto’, agregó.
Finalmente, Santiago declaró que esos fusilamientos representaron la ‘vergüenza pública’ de España ante la comunidad internacional y Europa, y subrayó la importancia de que las nuevas generaciones comprendan ‘la gravedad del alcance de las violaciones de derechos humanos que los regímenes dictatoriales que la derecha política ha traído’ a España a lo largo de la historia.
UN RECONOCIMIENTO NECESARIO PARA LAS VÍCTIMAS
La PNL subraya la obligación del Estado de garantizar el derecho a la verdad para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos ‘sólo por el hecho de luchar contra la dictadura militar e implicarse en la defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales’.
El documento señala que es ‘imprescindible’ que, coincidiendo con el 50 aniversario de las últimas ejecuciones de presos políticos por la dictadura franquista, se recuerde adecuadamente a todas las víctimas. Además, defiende que la democracia en España ‘no podrá ser plena hasta que se haga efectivo el reconocimiento, reparación y dignificación de todas las víctimas de la dictadura franquista y para ello es imprescindible el compromiso indisoluble de todas las administraciones públicas’.
El 27 de septiembre de 1975, en las localidades de Hoyo de Manzanares (Madrid), Barcelona y Burgos, fueron ejecutadas por fusilamiento cinco personas: Xosé Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez-Bravo, Ramón García Sanz y los miembros de ETA Jon Paredes Manot (Txiki) y Ángel Otaegui.
