Enrique Santiago, el vocero de Izquierda Unida en el Parlamento, ha presentado una propuesta en el Congreso con el objetivo de vetar a las empresas que colaboren con la ocupacin de territorios palestinos de participar en contrataciones pblicas.
En el documento registrado el ltimo viernes, Santiago ha solicitado a los lderes del Gobierno ‘adoptar las medidas necesarias para incluir en todos los pliegos de contratacin pblica (ministerios, organismos autnomos, empresas pblicas y dems entidades dependientes del Estado) una clusula que excluya de la participacin en licitaciones a empresas nacionales o extranjeras que colaboren, directa o indirectamente, con la ocupacin ilegal de los Territorios Palestinos Ocupados’.
Esta exclusin se extendera tambin a aquellas empresas que colaboren ‘con actos que puedan constituir genocidio, en aplicacin de las medidas provisionales ordenadas por la CIJ y de la opinin consultiva del 19 de julio de 2024 que declar ilegal la ocupacin’, explic el portavoz.
La medida surge en un contexto donde parte del pblico reacciona ante la participacin del equipo ciclista Israel-Premier Tech en la Vuelta a Espaa, controlado por Sylvan Adams, a quien IU acusa de ‘colaborados y amigo del Gobierno genocida de Benjamin Netanyahu’.
‘Este evento deportivo internacional lo organiza una empresa privada, en este caso Uniplublic, que se beneficia de mltiples contratos de administraciones pblicas espaolas’, enfatiz Santiago en su documento.
Adems, record que en julio del ao anterior ‘la Corte Internacional de Justicia determin que los asentamientos israeles en Cisjordania violan el Derecho internacional’, por lo que ‘orden la paralizacin de asentamientos y la evacuacin de colonos, subrayando su carcter de anexin permanente, as como la vulneracin de la 4 Convencin de Ginebra’.
Finalmente, destac que ‘numerosas empresas espaolas’ han sido sealadas por su participacin en actividades econmicas vinculadas a ‘asentamientos ilegales’. ‘Empresas de sectores como construccin, tecnologa y transporte han sido incluidas en informes de organizaciones como Naciones Unidas y observatorios de Derechos Humanos’, aadi Santiago.
La propuesta se inspira en precedentes internacionales, tales como las acciones del Gobierno de Irlanda para verificar la implicacin de empresas en actividades que infrinjan el Derecho Internacional. Santiago asegur que implementar estas clusulas ‘permitira dar cumplimiento a las obligaciones internacionales de Espaa y garantizar que los recursos pblicos no contribuyan a situaciones de ocupacin ilegal, apartheid o genocidio’.