Izquierda Unida ha anunciado que registrará en el Congreso una proposición de ley con el objetivo de que el joven malagueño Manuel José García Caparros sea reconocido como víctima del terrorismo y de la represión franquista. García Caparros falleció por un disparo durante una manifestación en favor de la autonomía andaluza en diciembre de 1997.
La responsable de Organización de IU, Eva García Sempere, detalló este lunes en rueda de prensa que la propuesta que se llevará al grupo parlamentario Sumar se centra en el reconocimiento de “víctimas de agentes del Estado”, después de confirmarse que el joven murió a causa de un disparo policial.
Los diputados de IU han firmado una iniciativa de modificación de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, al entender que es imprescindible visibilizar y reconocer la violencia policial vinculada al régimen franquista hasta la consolidación de la democracia. Para ello se establece como fecha límite legal e histórica el 1 de enero de 1983.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoció recientemente que la vía más ágil para que García Caparros sea reconocido como víctima pasa por reformar la Ley de Memoria Democrática, ya que con el marco jurídico actual no se le puede considerar víctima del terrorismo ni de la represión franquista.
García Sempere ha señalado que considera un “error gravísimo” por parte del Ministerio del Interior no otorgarle el reconocimiento de víctima, pero ha subrayado que no van a quedarse “solo en la denuncia” y que impulsarán un cambio legislativo para no dejar fuera “a las víctimas de violencia policial” procedente de la dictadura, ampliando además el periodo temporal de reconocimiento.
“Como su familia no hemos dejado de reclamar verdad, justicia y reparación, verdad con la lucha por el acceso a la información y a la democracia. Primero luz y ahora justicia y reparación”, ha remarcado.
Puntos principales de la reforma
La proposición de ley incluye seis bloques de cambios en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y retoca varios artículos para incorporar los delitos cometidos antes del 1 de enero de 1983 por agentes del Estado en el ejercicio de sus funciones como causa válida para el reconocimiento de víctima contemplado en dicha norma.
El segundo artículo se centra en la modificación de la Ley de Memoria Democrática, con la incorporación de una nueva disposición adicional, muy parecida a la que ya estaba recogida en el artículo 10 de la derogada Ley de Memoria de 2007. Aquella regulación ofrecía un marco más favorable para el reconocimiento de García Caparros como víctima de la dictadura, tal y como recordó el propio ministro del Interior.