IU ha instado al Gobierno a implementar cláusulas de exclusión en las licitaciones públicas para las empresas que, ya sea de manera indirecta o directa, colaboren con la ocupación de territorios palestinos por Israel.
Enrique Santiago, portavoz parlamentario de IU, ha formulado varias preguntas parlamentarias al Gobierno para averiguar si se considerará aplicar dichas medidas.
En sus propuestas, Santiago recuerda que en julio de 2024 la Corte Internacional de Justicia determinó que los asentamientos israelíes en Cisjordania son una violación del derecho internacional, exigiendo su cese y la evacuación de los colonos.
Además, destaca que la asamblea general de Naciones Unidas en 2023 exhortó a los Estados a «abstenerse de cualquier medida que pueda implicar reconocimiento, apoyo o asistencia a la ocupación de territorios».
No obstante, el diputado manifiesta que varias empresas, incluyendo entidades españolas, han sido «señaladas por su participación, directa o indirecta, en actividades económicas relacionadas con los asentamientos israelíes en territorios ocupados de Palestina», obteniendo beneficios de esta situación.
«La implicación de estas empresas, que forman parte de la ocupación y colonización que ejerce Israel sobre los territorios ocupados, también podría vulnerar la legalidad internacional ya que dichas actividades pueden estar asociadas con violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario internacional», argumenta Santiago.
Según IU, varias organizaciones de derechos humanos han solicitado la adopción de medidas contra estas empresas con operaciones en los asentamientos ilegales.
Y critica que en España, a pesar de estas resoluciones internacionales, estas empresas continúan participando en concursos públicos. Santiago menciona ejemplos como Irlanda, donde su Oficina de Contratación Gubernamental ha emitido directrices que obligan a verificar la implicación de empresas en actividades que vulneren el derecho internacional y, de ser necesario, rechazar su participación en licitaciones.
EJEMPLOS DE IRLANDA Y EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Asimismo, recuerda la postura del Ayuntamiento de Barcelona, que decide excluir de sus procesos de contratación pública a las empresas listadas en la Base de Datos de Naciones Unidas por su participación en actividades económicas en asentamientos ilegales israelíes en Palestina ocupada.
«La inclusión de estas cláusulas en los procesos de contratación públicos de la Administración General del Estado permitiría dar cumplimiento a las obligaciones internacionales de España, alinear la política pública con las resoluciones de la Corte Internacional y garantizar que los recursos públicos no contribuyan directa o indirectamente a situaciones de ocupación ilegal, apartheid o genocidio», defiende Santiago.
Por ello, interroga al Gobierno para saber si planea aplicar estas cláusulas que excluyan a estas empresas de los concursos públicos y, de ser afirmativo, solicita información sobre el plazo en que se implementarán.