El exministro José Luis Ábalos ha manifestado desde la prisión, a través de dos publicaciones en la red social X, ahora llamada ‘En el nombre de Ábalos’, su defensa frente a las acusaciones que enfrenta y ha criticado a “líderes autoritarios” por debilitar el estado de derecho.
En su perfil, ahora rebautizado con el título ‘En el nombre de Ábalos’, el exministro proclama su inocencia en la biografía: “Diputado por València. ¡Soy inocente! Aunque pidan 24 años por delitos que no he cometido, lucharé por la verdad y la justicia, aunque digan que soy culpable”.
Ábalos se describe como “fuerte y firme” a pesar de su encarcelamiento, y sostiene que no será doblegado ni silenciado. También comenta que su adaptación a la vida en prisión ha sido “menos traumática” de lo esperado.
“Se están desmantelando progresivamente las bases necesarias para una sociedad libre, justa e igualitaria. Defenderé mi inocencia con lo poco que me queda”, expresa en su cuenta.
El exministro lamenta su encarcelamiento sin juicio previo y bajo la acusación de un presunto riesgo elevado de fuga. Critica a aquellos que, desde posiciones de poder, no respetan la presunción de inocencia. “Ya estoy en la cárcel porque el sistema así lo ha decidido, sin haber celebrado juicio y bajo un falso pretexto subjetivo de un riesgo de fuga extremo, teniendo a un menor a mi cargo, cuidando a mi madre de 96 años cada dos fines de semana alternos y siendo un diputado que acude semanalmente al Congreso”, detalla.
Finalmente, Ábalos agradece el trato recibido en la prisión de Soto del Real, destacando la cooperación tanto de otros internos como de los funcionarios. “Mi agradecimiento por el buen trato que estoy recibiendo en prisión por parte de todos los funcionarios y por los demás internos. Mi adaptación está siendo menos traumática de lo que esperaba. Eso sí, aquí hace mucho frío”, concluye.
El Tribunal Supremo decidió el pasado jueves el encarcelamiento provisional sin fianza de Ábalos y su asesor Koldo García, ante un “extremo” riesgo de fuga, en vistas al juicio por presunta corrupción en contratos públicos de material sanitario, con peticiones de pena que alcanzan hasta los 30 años de prisión.











