José Luis Ábalos Meco, exministro y figura prominente del PSOE, ha ingresado en prisión provisional este jueves por orden del instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo. Su carrera política a nivel nacional comenzó en la cúspide del PSOE como aliado clave de Pedro Sánchez desde 2017. Sin embargo, su trayectoria tomó un rumbo descendente que culminó con su salida del ejecutivo en 2021 y su reciente expulsión del Grupo Socialista en 2024 tras la detención de su asistente, Koldo García.
Nacido en Torrente, Valencia, y descendiente de Heliodoro Ábalos, conocido torero ‘Carbonerito’, Ábalos tuvo una carrera política activa dentro del PSPV tanto en Valencia como en la Comunidad. A pesar de su derrota en la Secretaría General de los socialistas valencianos en el 2000, su papel se consolidó al presentar la candidatura de Pedro Sánchez en diciembre de 2016, con el objetivo de liderar de nuevo el partido tras la renuncia de Sánchez en noviembre de ese mismo año.
Ábalos, diputado en el Congreso desde 2009, fue fundamental en la recogida de avales para Sánchez y su posterior victoria en las primarias frente a Susana Díaz y Patxi López. En el congreso que siguió, Ábalos fue nombrado secretario de Organización, posicionándose como figura clave dentro del PSOE. Su influencia se extendió cuando presentó la candidatura de Sánchez para la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018, y más tarde, fue nombrado ministro de Fomento en el primer Gobierno de Sánchez.
Su cese en julio de 2021, anunciado abruptamente por el presidente, marcó el principio de su declive. A pesar de las negativas de Sánchez sobre conductas indebidas de Ábalos, este tuvo que dejar su puesto en la Secretaría de Organización, siendo reemplazado por Santos Cerdán. Aunque Ábalos continuó en las listas del PSOE para las elecciones de 2023, su situación se complicó con la detención de Koldo García en febrero de 2024, lo que llevó a su expulsión del Grupo Socialista.
La investigación del ‘caso Koldo’ reveló su posible involucramiento como ‘el jefe’ de una trama de corrupción, lo que llevó a la Fiscalía Anticorrupción a solicitar 24 años de cárcel para él y su ingreso en prisión provisional. El Congreso, unánimemente, aprobó el suplicatorio para permitir su investigación por el Tribunal Supremo.