José María Ángel, alto comisionado del Gobierno para la reconstrucción post-dana, ha reiterado que «no ha existido ninguna irregularidad» en cómo obtuvo su puesto en la función pública en 1983 y su posición como ayudante técnico en 1986.
«Siempre he cumplido con todos los requisitos exigidos en las distintas convocatorias», explicó en una declaración, tras las afirmaciones de El Mundo sobre que la Agencia Valenciana de Antifraude acusa a Ángel de «falsificar» un título para ingresar en la Administración Pública. Como prueba, Ángel presentó documentos como la instancia de participación en el proceso de 1983, las bases de las convocatorias y las actas de sus tomas de posesión.
El comisionado también comunicó su disposición a «emprender las acciones administrativas y legales que considere necesarias para que la verdad se abra camino» y defender su «nombre, honestidad y honorabilidad» tras décadas de servicio.
Desde 1981, Ángel ha estado vinculado con la Diputación de Valencia, inicialmente como auxiliar administrativo en el Archivo General. Después, en 1983, asumió como Auxiliar Técnico de Archivos y Biblioteca, un cargo que logró mediante un concurso donde se requería como mínimo el título de bachiller. Además, presentó otros méritos académicos y profesionales.
En cuanto a su ascenso en 1986, destacó que cumplía con los requisitos del Cuerpo de Auxiliares de Archivos y había pasado los exámenes necesarios. Las normas solo pedían mantener el puesto desde 1983, presentar un proyecto y aprobar un examen escrito, requisitos que, según afirmó, cumplió satisfactoriamente.
Con respecto a la investigación de la Agencia Antifraude, Ángel expresó su sorpresa por enterarse a través de los medios sin haber sido notificado formalmente, lo cual considera un ataque a su honorabilidad basado en «criterios de oportunidad política» y sin fundamentos reales.