Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha expresado este sábado su “profunda preocupación” ante el refuerzo de las penas por multirreincidencia en delitos leves de hurto y estafa aprobado el jueves en el Congreso. A su juicio, la modificación legal supone “un retroceso en los principios de proporcionalidad y reinserción que deben regir el ordenamiento jurídico” y es “innecesario porque no tiene un efecto disuasorio real”.
En un comunicado, la asociación subraya que el incremento de las penas de prisión para hurtos y estafas que no superan los 400 euros, incluido en la reforma promovida por Junts y respaldada por PSOE, PP, Vox, PNV y UPN, “no aborda las causas estructurales de la delincuencia de baja intensidad”.
Recuerdan que “la experiencia tras la reforma de 2022 para los delincuentes de hurto multirreincidentes (que hayan cometido un delito de esa naturaleza al menos tres veces y la cuantía supere los 400 euros) demuestra que el endurecimiento punitivo por sí solo no tiene un efecto disuasorio real, pues desde que se aprobó aquella modificación los hurtos han crecido más de un 20%”.
Para JJpD, elevar las penas de prisión hasta 3 años para conductas que, de forma aislada, se consideran de escasa entidad vulnera el principio de proporcionalidad y rompe la coherencia interna del sistema penal. Además, alertan de que la reforma puede colapsar los juzgados con procedimientos más extensos y complejos por hechos de menor relevancia, entorpeciendo la tramitación de los delitos más graves.
La asociación judicial de orientación progresista sostiene que la respuesta a la multirreincidencia pasa por reforzar los medios materiales y personales “para agilizar la detección, verificación y enjuiciamiento de los supuestos de multirreincidencia y no simplemente elevar las penas”. En este sentido, recuerdan que España figura entre los países con mayores tasas de población reclusa de la Unión Europea y, al mismo tiempo, con uno de los niveles de delincuencia más bajos.
Juezas y Jueces para la Democracia advierten, asimismo, de que este tipo de reformas penales tienden a impactar con mayor intensidad en los colectivos más vulnerables, “desplazando el foco de las políticas sociales y de prevención hacia el control meramente policial y punitivo, suponiendo una criminalización de la pobreza”.
Por ello, reclaman a los poderes públicos que se alejen del llamado populismo punitivo y apuesten por un modelo de Justicia “reparadora y eficaz, que dote al sistema de los medios necesarios para dar respuestas ágiles, sin renunciar a los valores democráticos y garantistas de la Constitución”.