La organización Juezas y Jueces para la Democracia ha exigido que las compañías que consigan adjudicaciones de contratos públicos mediante sobornos o comisiones enfrenten un alto costo por dichas acciones corruptas. Además, han solicitado que se implementen de manera urgente las estrategias anticorrupción presentadas recientemente por Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.
‘Tiene que salir muy caro tratar de adjudicarse una obra ilícitamente por medio de comisiones o mordidas’, afirmó el portavoz de la asociación, Edmundo Rodríguez Achútegui.
El magistrado enfatizó la importancia de focalizar en las empresas corruptoras ‘que tienen que perder todos los contratos que hayan conseguidos con su intervenciones delictivas’. También, abogó por sanciones ‘efectivas’ que impidan la participación de estas empresas en futuras licitaciones públicas.
Rodríguez Achútegui valoró como ‘un paso en el camino correcto’ la propuesta de extender el plazo de prescripción para los delitos de corrupción, pero resaltó la necesidad de ‘reformas preventivas’ y de proporcionar más recursos a ‘la administración de justicia para atajar esta forma de corrupción’.
Finalmente, propuso que se incorporen en los procesos de licitación pública ‘las garantías que exige la Unión Europea para la concesión de fondos ‘Next Generation’ y sugirió la inclusión de ‘controles adicionales mediante de herramientas de inteligencia artificial’ para una detección más eficiente y rápida de la corrupción por parte de las autoridades judiciales.