El decreto impulsado por el Gobierno para prorrogar los contratos de alquiler afronta horas decisivas antes de su convalidación en el Congreso. A poco más de un día de su debate parlamentario, Junts ha confirmado que votará en contra del texto, complicando seriamente la convalidación de una medida que el Ejecutivo considera clave para proteger a millones de inquilinos.
La formación independentista mantiene que el decreto, tal y como está redactado, no responde a sus exigencias y niega que existan negociaciones activas con el Gobierno. La decisión coloca al Ejecutivo ante un escenario de alta incertidumbre parlamentaria.
Junts exige cambios fiscales y medidas para autónomos
Desde Junts aseguran que el Gobierno conoce desde hace semanas cuáles son sus condiciones para reconsiderar el apoyo al decreto. Entre sus principales demandas figuran bonificaciones fiscales vinculadas al alquiler y la vivienda, así como medidas dirigidas a trabajadores autónomos.
El partido plantea, entre otras cuestiones desgravaciones para alquileres e hipotecas, exención fiscal en la venta de vivienda habitual para mayores de 65 años o eliminación del IVA para autónomos con determiados ingresos.
La formación liderada por Carles Puigdemont sostiene que no está negociando activamente y traslada la responsabilidad al PSOE.
Sumar presiona al PSOE para desbloquear el acuerdo
Ante el riesgo de que la norma decaiga, Sumar ha intensificado la presión sobre el socio mayoritario del Gobierno para asumir un papel más directo en las conversaciones. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se ha mostrado abierto a introducir algunos ajustes planteados por Junts, especialmente en materia fiscal.
Según ha explicado, ciertas modificaciones podrían incorporarse si permiten salvar la prórroga de alquileres, considerada por Sumar una medida prioritaria.
Desde el Ejecutivo se insiste en que la medida podría beneficiar a cerca de tres millones de personas, ofreciendo estabilidad a numerosos hogares en un contexto de elevada presión inmobiliaria.