Junts ha vuelto a presionar al Gobierno para que devuelva a los jueces de paz la capacidad de celebrar matrimonios, una atribución que perdieron hace un año con la entrada en vigor de la Ley en materia de eficiencia del Servicio Público de la Justicia. El PSOE trató de revertir esta situación y permitir de nuevo a los juzgados de paz oficiar bodas mediante una enmienda introducida en otra norma del Ministerio que encabeza Félix Bolaños, pero ese texto lleva nueve meses encallado por la falta de consenso para sacarlo adelante.
En este contexto, la formación de Carles Puigdemont ha registrado en el Congreso una iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que reclama al Ejecutivo la aprobación de un decreto ley que restituya de forma inmediata a los juzgados de paz la competencia para celebrar matrimonios.
Durante la tramitación en el Congreso de la Ley de eficiencia del Servicio Público de la Justicia, el año pasado, los grupos parlamentarios lograron forzar el mantenimiento de la Justicia de Paz, que el Gobierno había decidido suprimir en su proyecto inicial.
Casarse gratis frente al coste de notaría
En aquel momento se aprobaron enmiendas para conservar la condición de los jueces y juezas de paz como órganos jurisdiccionales, salvaguardar sus funciones e incluso abrir la puerta a ampliarlas, por ejemplo en el ámbito civil y penal. Sin embargo, no se incorporaron cambios para que continuaran celebrando bodas, pese a que otras formaciones como ERC y Sumar también lo reclamaron, subrayando que casarse por esta vía no tiene coste mientras que acudir a una notaría implica abonar honorarios.
Esa omisión podría haberse corregido en el Senado, pero el PP, que cuenta con mayoría en la Cámara Alta, aprobó un veto que devolvió la ley al Congreso sin margen para introducir nuevas modificaciones. De este modo, la norma quedó finalmente aprobada sin devolver a los jueces de paz la facultad de casar.
Los socialistas intentaron después corregir el problema mediante enmiendas a otra ley del departamento de Bolaños, la de Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal. Dichas enmiendas se registraron en primavera del año pasado, pero la tramitación de la norma permanece paralizada desde junio en la Comisión de Justicia por la ausencia de un acuerdo que permita su aprobación.
“Es necesario legislar urgentemente para enmendar este error”, sostiene Junts en la proposición no de ley que ha presentado ahora en el Congreso, con la que busca que la Cámara inste al Gobierno a aprobar un decreto ley, que entraría en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado y que posteriormente debería ser convalidado por el Pleno.
Más funciones para aliviar el colapso judicial
El grupo que lidera Míriam Nogueras reclama que ese decreto ley incorpore las enmiendas que el PSOE defendió en su día en el Senado —y que no pudieron debatirse por el veto del PP a la Ley de Eficiencia de la Justicia— y que los socialistas volvieron a presentar después en la reforma de la carrera judicial y fiscal, actualmente bloqueada.
Junts remarca en su iniciativa que la competencia de los jueces y juezas de paz para celebrar matrimonios “reúne los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad” que fija el artículo 86 de la Constitución española como condición para recurrir a la figura del real decreto ley.
Al mismo tiempo, subrayan que, “ante la situación de colapso de la Justicia”, es preciso aprovechar todas las herramientas legales para ampliar las funciones de los Juzgados de Paz. Recuerdan que la Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia dejaba abierta la opción de que estos órganos asumieran tareas en el orden civil y penal, de forma que “puedan descargar a los otros órganos judiciales”.
Por ello, Junts utiliza esta iniciativa para pedir también al Gobierno que modifique las leyes necesarias y permita a los jueces de paz intervenir en asuntos de delitos leves, en la conciliación previa obligatoria en ciertos procedimientos civiles o en los previstos para determinados delitos, así como en juicios civiles y en procedimientos de divorcio de mutuo acuerdo sin hijos menores.
Los independentistas insisten en que estos juzgados pueden “liberar de la tarea de resolver estos conflictos a otros órganos judiciales” y hacerlo, además, “de manera efectiva y con un bajo coste presupuestario, puesto que la actividad de los jueces y las juezas de paz, tanto la propiamente jurisdiccional como la que no lo es, es solo remunerada con una indemnización”.