El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha alcanzado un acuerdo “por unanimidad” con las comunidades autónomas para que la tercera y definitiva fase de despliegue de los tribunales de instancia arranque el próximo 31 de diciembre, manteniendo así el calendario inicialmente fijado.
Según ha informado el departamento que dirige Félix Bolaños en una nota de prensa, tras la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada este lunes por vía telemática, el encuentro “se ha desarrollado en un clima de cordialidad”.
De acuerdo con los detalles facilitados, esta fase final supone la puesta en marcha de 100 tribunales de instancia “en los grandes partidos judiciales” del país, entre ellos Barcelona, Madrid, Palma o Zaragoza.
Al mismo tiempo, el Ministerio y las comunidades han decidido “también por unanimidad” “dotar de cierta flexibilidad a todos los partidos judiciales de tal manera que la entrada en funcionamiento de los equipos que lo requieran se realizará de forma progresiva en función de las necesidades organizativas y de cargas de trabajo”.
El departamento ya había avanzado el pasado 12 de diciembre, cuando convocó esta “Conferencia Sectorial”, que “apoyará” a las autonomías con la competencia de Justicia transferida si “solicitan una prórroga breve para culminar la tercera fase” de implantación de los tribunales de instancia.
Ese mismo día, las partes han cerrado también que las oficinas judiciales, “que darán apoyo técnico a los tribunales de instancia de las grandes ciudades”, según el Ministerio, comiencen a operar igualmente el 31 de diciembre, salvo en los partidos judiciales asturianos de Oviedo, Gijón y Avilés, donde se activarán el 15 de febrero “con el fin de permitir a estos partidos judiciales llevar a cabo los últimos ajustes técnicos”.
La creación de los tribunales de instancia forma parte de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, en vigor desde el pasado mes de abril.
Desde entonces, tal y como recoge la nota ministerial, ya se han puesto en marcha más de 300 tribunales de instancia “sin incidencias destacables”.
El Ministerio ha añadido que, a partir de los datos remitidos por los Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, se constata “una agilización” en la ejecución de sentencias: “En Andalucía la reducción de las ejecuciones pendientes de admisión alcanza el 69%, en Castilla-La Mancha el 55%, en Cataluña y Comunidad Valenciana el 27% y en la Región de Murcia el 15%. La media de las comunidades estudiadas es del 30”.
“En cuanto a la financiación, el Ministerio ha realizado una inversión que supera los 325 millones de euros, procedentes de fondos europeos, en las 12 comunidades con la competencia de Justicia transferida”, ha precisado Justicia.