El exasesor ministerial Koldo García ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que acuerde su excarcelación antes de que arranque el juicio por las supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas, previsto para el próximo 7 de abril, y que se le permita declarar en último término, una vez lo haya hecho el presunto conseguidor, Víctor de Aldama, igualmente procesado.
Así consta en un escrito firmado por la abogada del exasesor, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que defiende la “inexistencia del riesgo de fuga” y plantea alternativas “menos gravosas” como la comparecencia periódica ante un juzgado, la retirada del pasaporte o la colocación de “dispositivos de geolocalización que garanticen su ubicación permanente”.
En este documento, la letrada Leticia de la Hoz sostiene que concurren “unos vínculos vitales que hacen impensable cualquier intento de sustraerse a la acción de la justicia”, entre ellos un “núcleo familiar estable”, la dependencia de su madre, su arraigo en la zona y su “actitud de colaboración constante” desde el inicio de la causa.
Del mismo modo, la defensa alerta de que “el efecto físico y cognitivo que el régimen de traslados” entre el centro penitenciario y la sede del Supremo tendrá sobre Koldo hará que se encuentre “agotado físicamente”, lo que le impediría “prestar la atención necesaria a la práctica de la prueba” ni “asistir eficazmente” a su letrada durante los interrogatorios.
Según el escrito, esta situación supondría una “indefensión de facto” que solo podría evitarse “permitiendo que descanse y prepare las sesiones desde su domicilio”.
La Sala de lo Penal sentará en el banquillo a Koldo, al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a Aldama por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, integración en organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación.
La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para el exasesor y 7 para Aldama, que ha admitido los hechos que se le atribuyen. A su vez, las acusaciones populares, encabezadas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su antiguo colaborador, mientras que para el empresario piden la misma pena que el Ministerio Público.
La defensa ve a Aldama como un “ornitorrinco procesal”
La abogada reclama también que su cliente declare después de Aldama porque “resulta imperativo” que “conozca el contenido del testimonio” del coacusado, al que define como “ornitorrinco procesal”.
“Esta figura describe a aquel interviniente que, manteniendo formalmente la condición de acusado, actúa de facto ejerciendo una labor de acusación contra otros coimputados”, precisa la letrada.
Por este motivo, la defensa del exasesor advierte de que “la ambigüedad de esta posición híbrida genera un riesgo evidente de indefensión” para Koldo.
Además, De la Hoz ha solicitado que durante el juicio se autorice a Koldo a situarse junto a su abogada y no en el banquillo de los acusados.
“Con un calendario tan exhaustivo --sesiones de mañana y tarde con inicio a las 10:00 horas y 15:30 horas--, esta parte entiende que el procesado y su letrada deben poder realizarse consultas inmediatas sobre el curso de los interrogatorios de testigos y peritos”, argumenta.
Armengol y Torres, citados como testigos
La Sala de lo Penal rechazó todas las nulidades planteadas por las defensas en la vista preliminar celebrada el pasado febrero, manteniendo así su competencia para enjuiciar los hechos, de acuerdo con un auto al que ha tenido acceso esta agencia.
El tribunal ha citado como testigos al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que durante la pandemia presidían los gobiernos de Canarias y Baleares, respectivamente, ejecutivos autonómicos que adjudicaron contratos a la compañía situada en el centro de la presunta trama.
En la relación de más de 75 testigos admitidos figuran también la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, investigada en la Audiencia Nacional por el ‘caso Koldo’; el exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez; el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras; el exgerente del PSOE Mariano Moreno, así como antiguos jefes de gabinete, expresidentes de Renfe, Correos y Puertos del Estado, además de empresarios, familiares y allegados de los procesados.
No obstante, el tribunal denegó la comparecencia como testigos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa, y la exministra de Industria Reyes Maroto, al considerar que no guardan relación directa con el objeto del procedimiento, según se detalla.