El Senado mantiene bloqueado desde hace años el plan de ampliación de sus dependencias, un proyecto que arrancó en 2008 cuando Patrimonio del Estado adquirió el contiguo convento de las Reparadoras, antigua sede de la Inquisición. Aunque la iniciativa volvió a ponerse sobre la mesa en febrero de 2020, las sucesivas crisis y la inestabilidad en las cuentas públicas han ido posponiendo la actuación hasta rozar los 20 años de espera.
En febrero de 2020, ya con Pilar Llop al frente de la Cámara Alta, se intentó dar un nuevo impulso a la ampliación de las instalaciones. Sin embargo, un mes más tarde estalló la pandemia de coronavirus y las prioridades cambiaron en todas las administraciones. Además, cualquier intervención de este tipo depende de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y de que el Ministerio de Hacienda autorice la inversión necesaria.
El inmueble afectado es el convento de las Reparadoras, situado en uno de los laterales de la plaza de la Marina Española, donde se ubica la entrada principal del Senado. La operación de compra, sufragada por Patrimonio del Estado, se firmó ante notario en enero de 2008 después de un prolongado proceso de negociación y de trámites entre el propio Senado, la congregación religiosa que ocupaba el edificio, el Ministerio de Economía y Hacienda y el Vaticano, que tuvo que autorizar la venta al tratarse de un bien perteneciente a la Iglesia Católica.
La transacción se cerró por 36 millones de euros, según los datos difundidos entonces por Europa Press, y las monjas que aún residían en el convento abandonaron el inmueble meses después, ya que la previsión oficial era iniciar las obras al año siguiente.
El plan contemplaba habilitar nuevos despachos para senadores y personal de la Cámara, así como espacios reservados a las comunidades autónomas, con el objetivo de reforzar su presencia en la Cámara Alta. Para enlazar el edificio histórico del Senado con el nuevo inmueble se llegó a estudiar la construcción de un túnel subterráneo o de una pasarela elevada.
De sede de la Inquisición a convento y propiedad del Senado
El edificio tiene su acceso principal en la calle Torija, número 12. En ese solar se levantó en 1735 una construcción diseñada por el arquitecto Ventura Rodríguez para albergar el Consejo de la Suprema Inquisición, en una fase de progresiva pérdida de actividad de este organismo, que no sería abolido de forma definitiva hasta bien entrado el siglo XIX. Se trata de un caserón de ladrillo rojo y piedra de cantería, con tres plantas de altura.
El Consejo de la Suprema era el órgano rector de la Inquisición y estaba encabezado por el Inquisidor General. Entre sus competencias figuraban revisar vistas y procesos, ordenar inspecciones, dictar instrucciones a los tribunales territoriales y actuar también como tribunal para juzgar a los miembros del Santo Oficicio.
Tras la desaparición de la Inquisición, el inmueble pasó a albergar primero el Ministerio de Fomento, más tarde fue reconvertido en hotel y posteriormente en imprenta, hasta que en 1897 se transformó en el convento de las Reparadoras. Desde que el Senado formalizó su compra, el edificio permanece cerrado y sin uso, a la espera de que la ampliación se materialice.