La Audiencia Nacional ha programado para el 23 de abril la comparecencia como testigos del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, de la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal y del exministro del Interior Juan Ignacio Zoido. Además, ha señalado el 11 de mayo para que acuda, también en calidad de testigo, el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dentro del juicio del “caso Kitchen”.
Estas fechas figuran en el calendario de vistas, al que ha tenido acceso Europa Press, del procedimiento en el que se enjuicia el supuesto dispositivo parapolicial destinado a arrebatar al extesorero del PP Luis Bárcenas documentación sensible relacionada con la investigación judicial del caso “Gürtel”.
Los acusados —entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y el exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas— declararán los días 14, 18 y 19 de mayo.
Asimismo, la Audiencia Nacional ha establecido el 27 de abril para la declaración como testigo de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.
El 20 de abril será el turno del extesorero del PP Luis Bárcenas y de su esposa, Rosalía Iglesias, que actúan como acusación particular junto a su hijo, Guillermo Bárcenas, vocalista de la banda “Taburete”, quien testificará el mismo 23 de abril junto a Rajoy y los exministros del PP citados.
Ese mismo 20 de abril está convocado también como testigo Manuel Morocho, quien fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
Entre los testigos llamados a declarar figuran igualmente el exdirector de la Policía Nacional Ignacio Cosidó, citado para el 14 de abril, y el coronel jubilado de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que comparecerá el 20 de abril.
Petición de penas de la Fiscalía Anticorrupción
En su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, los fiscales de Anticorrupción César de Rivas y Miguel Serrano solicitan una pena de 15 años de prisión para Fernández Díaz.
Además, interesan para el exministro una inhabilitación de 33 años por los delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad, y reclaman una condena de 19 años de cárcel para Villarejo por esos mismos delitos.
El Ministerio Público pide también 15 años de prisión para el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, para el exDAO de la Policía Nacional Eugenio Pino y para Andrés Manuel Gómez Gordo, quien fue jefe de seguridad de Cospedal, igualmente por los mismos tipos penales.
Para el chófer de Bárcenas, Sergio Javier Ríos, la Fiscalía solicita 12 años y 5 meses de cárcel, además de 13 años y 9 meses de inhabilitación absoluta por su implicación en estos hechos.
En cuanto al entonces jefe de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas, el Ministerio Público reclama una pena de dos años y medio de prisión y la misma duración de inhabilitación absoluta por un delito de encubrimiento.
El origen de la operación Kitchen según la Fiscalía
En su relato, la Fiscalía sitúa el arranque de la presunta operación en la primera mitad de 2013. “Desde la cúpula del Ministerio del Interior, encabezado por Fernández Díaz, Francisco Martínez Vázquez y Eugenio Pino Sánchez se ideó, sin que pueda descartarse además la intervención de otras personas de diferentes instancias, una ilícita operación policial de inteligencia”, explicó.
Anticorrupción precisa que dicha actuación estaba “dirigida a obtener tanto información como pruebas materiales que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes en el procedimiento que se seguía” en la Audiencia Nacional por el caso “Gürtel”.
El objetivo concreto, según el escrito, era acceder a los archivos que “pudieran encontrarse en poder de Luis Bárcenas quien había ocupado el cargo de tesorero del partido y se encontraba formalmente investigado en dicha causa”.
“Y todo ello con la finalidad de evitar que todo ese material eventualmente incriminatorio para el Partido Popular y sus dirigentes que pudieran resultar investigados fuera formalmente aportado al meritado procedimiento judicial que se seguía en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional”, añadió el Ministerio Fiscal.
En “la ejecución de dicha ilícita operación de inteligencia dirigida a impedir la incorporación al procedimiento judicial de material incriminatorio” habrían intervenido, según la acusación, Villarejo, Martín Blas, García Castaño y Gómez Gordo.