La Audiencia Nacional comenzará esta semana el juicio contra el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el exsenador 'popular' David Erguido, junto con otras 13 personas, por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos a la empresa Waiter Music para organizar fiestas patronales en diversos municipios madrileños dentro del conocido 'caso Púnica'.
Entre los procesados figuran exalcaldes de distintos municipios de la Comunidad de Madrid y varios responsables administrativos de esos consistorios. La Fiscalía solicita para ellos penas de entre dos y seis años de prisión por presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude en la contratación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.
En el auto de procesamiento, al que tuvo acceso Europa Press, el entonces magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón detallaba un supuesto sistema de adjudicación irregular de contratos públicos a Waiter Music y a otras compañías vinculadas a José Luis Huerta para la organización de verbenas y festejos en cinco ayuntamientos madrileños: Valdemoro --donde Granados fue regidor--, Algete, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio y Móstoles.
Según el relato judicial, en numerosos expedientes administrativos, cuando existían, las condiciones se habrían diseñado de forma que favorecieran de antemano a Waiter Music o a sociedades controladas directa o indirectamente por Huerta, facilitando así la continuidad de esa relación comercial.
De este modo, se contaba con una empresa que, por un lado, ejecutaba las fiestas conforme a lo pactado y, por otro, "proporcionaba unos servicios extras a requerimiento de los políticos, bien en extras decididos al momento de las fiestas, bien prestando servicios privados para actos del PP municipal, bien para alguno de sus miembros que no eran nunca facturados", indicó el juez en su resolución.
Contratos por más de un millón de euros
De acuerdo con los indicios recogidos en el auto, Huerta, fallecido en 2020, aprovechó su experiencia previa y, en particular, la relación que ya mantenía con distintos municipios durante la etapa de Granados como alcalde de Valdemoro para asegurarse en 2003 la organización de festejos en varios ayuntamientos por importes que superaron el millón de euros.
En concreto, el magistrado mencionaba las adjudicaciones de 2003 en Valdemoro (por 773.186,88 euros), Móstoles (por 262.000,00 euros), San Martín de la Vega (135.349,96 euros), Torrejón de Velasco (por 100.172,96 euros), Moraleja de En Medio (104.565,12 euros), Humanes de Madrid (87.491,47 euros) y, con menor volumen, las de Arroyomolinos, Villanueva de la Cañada y Titulcia (7.948,32 euros, 17.527,60 euros, 17.469,88 euros y 17.527,60 euros, respectivamente). Añadía además que Huerta continuó contratando con estos consistorios de forma ininterrumpida y con cuantías similares en algunos casos hasta 2013.
Al margen de estos clientes públicos, el empresario obtuvo también ingresos de varias constructoras (FCC, Acciona, Ferrovial, Dragados, Sacyr y OHL) y de Metro de Madrid, con una facturación conjunta de 571.311,61 euros, de los que 198.940,00 procedían de Metro de Madrid, S.A.
La operativa investigada
Según el auto, Huerta asumía determinados encargos con el objetivo de mantener el favor de los responsables municipales en la adjudicación de fiestas, sufragando en ocasiones directamente algunos costes y, en otras, emitiendo facturas por importes superiores al margen empresarial razonable de los eventos.
En su declaración ante el juez, Huerta se refirió también a las fiestas organizadas por el Patronato Madrileño de Áreas de Montaña, que agrupa a los 42 municipios de la sierra norte, unas actividades que igualmente se recogen en la resolución judicial.
Otro apartado del auto alude al concierto 'Night of the proms', un espectáculo celebrado en Madrid por el "deseo personal" de Granados, según el instructor, y que se organiza en distintos países.
Para este concierto se destinaron 225.000 euros de subvención pública y 80.000 euros procedentes de la empresa pública de suelo Arpegio, y el empresario manifestó ante el juez que perdió 75.000 euros con esta operación. También declaró haber asumido los gastos de la comunión de la hija de la exalcaldesa de Algete Inmaculada.
Las penas que solicita Anticorrupción
El magistrado recoge en su auto las conclusiones acusatorias de las distintas partes personadas, entre ellas la Fiscalía Anticorrupción, que interesa para Granados una condena de 6 años de prisión y 46 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por dos presuntos delitos de fraude en la contratación, de prevaricación administrativa y un supuesto delito continuado de prevaricación.
Respecto a Erguido, el Ministerio Fiscal pide una pena de 2 años y 8 meses de cárcel y 19 años de inhabilitación por presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude en la contratación.
El entonces juez instructor decidió "fijar prudencialmente" como responsabilidad civil la cantidad de 300.000 euros para Granados y de 50.000 euros para cada uno de los otros trece procesados, según el auto al que tuvo acceso Europa Press.
La Comunidad de Madrid, que se ha personado como perjudicada, reclama para Granados 7 años de prisión, 28 años de inhabilitación y una multa de 364.200 euros por supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos.