El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, ha exigido este domingo a la Delegación del Gobierno el refuerzo de 1.500 guardias civiles que "faltan" en la región y "bajar" los ratios de los tres delitos que "han aumentado" en la Comunidad tras la difusión de las últimas estadísticas de criminalidad, "los homicidios, las agresiones sexuales y el tráfico de drogas".
Estas declaraciones se han realizado en un audio remitido a los medios durante su visita en Alcobendas a la presentación del Programa regional de Capacitación Digital destinado a asociaciones y entidades deportivas. Sus palabras llegan después de que este sábado el delegado del Gobierno, Francisco Martín, defendiese "el realismo" de los datos del balance de criminalidad en la región en el año 2025.
López-Valverde ha subrayado que, "Al final los datos son muy preocupantes y lo que tiene que hacer de alguna forma, que ya también se ha comentado, es que nos faltan 1.500 guardias civiles en la región. Tiene que potenciar darles medios, que nos estamos viendo día tras día que no tienen medios para poder desempeñar su trabajo". De este modo, ha insistido en la necesidad de incrementar tanto los efectivos como los recursos materiales para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Al mismo tiempo, ha tildado de "triunfalismo" y "falta de gestión" la valoración positiva que el delegado del Gobierno realizó el sábado sobre el balance de criminalidad, reiterando que es imprescindible "bajar" los ratios de los tres tipos delictivos que "están creciendo en la región, los homicidios, las agresiones sexuales y el tráfico de drogas".
"RESPONSABILIDADES A MARLASKA"
En otro orden de cosas, el consejero ha considerado "indignante" la situación que atraviesa el Cuerpo Nacional de Policía tras la dimisión del director adjunto de la Policía Nacional, José Ángel González, quien renunció a su cargo después de la querella presentada por una agente por un presunto delito de agresión sexual.
Ante este escenario, López-Valverde ha reclamado "responsabilidades" al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que señala como máximo responsable político de lo sucedido en el seno de la Policía Nacional.