La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha reafirmado su compromiso en la lucha contra la violencia contra la mujer y contra la corrupción durante su toma de posesión como consejera nata del Consejo de Estado. En su intervención, también ha tenido palabras de reconocimiento hacia su predecesor, Álvaro García Ortiz.
Peramato ha defendido la necesidad de abordar sin más dilaciones la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) y de sustituir el actual sistema "decimonónico" con el fin de implantar una Justicia más rápida, eficaz y con mayor grado de especialización.
La fiscal general ha puesto en valor las "cualidades jurídicas, el compromiso y la clarividencia" de García Ortiz, recientemente condenado por difundir datos reservados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Sirvan estas palabras como gratitud e indubitable reconocimiento", ha señalado.
Ante el pleno del principal órgano consultivo del Estado, ha fijado como primer eje de su mandato "la lucha contra la violencia sobre la mujer", remarcando que el Ministerio Fiscal debe asumir un "papel activo" en la protección de las víctimas, la persecución de los agresores y la promoción de una cultura que elimine "cualquier forma de violencia machista".
Aunque reconoce que España ha progresado en la protección integral, la especialización de los órganos y la coordinación institucional, advierte de que siguen siendo necesarias mejoras en las herramientas legales, en los recursos disponibles y en la concienciación de la sociedad. "La igualdad real y efectiva no admite ningún tipo de retroceso", insiste.
Como segundo gran compromiso, ha citado la necesidad de "combatir el fenómeno de la corrupción", que, alerta, deteriora la cohesión social y mina la confianza en las instituciones. Por ello, sostiene que la Fiscalía "debe actuar con firmeza" para prevenir, investigar y castigar estas conductas.
En esta línea, ha valorado positivamente la decisión del Gobierno de crear dos nuevas unidades especializadas en la Fiscalía General: la Unidad Coordinadora de Delitos contra la Administración Pública y la Unidad de Delitos Económicos, que, a su juicio, reforzarán la especialización y la capacidad de respuesta del Ministerio Público.
Peramato ha reiterado su defensa "por un nuevo modelo procesal penal" a través de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que trasladaría la instrucción de las causas penales a la Fiscalía, en lugar de mantenerla en manos de los jueces como hasta ahora.
Para la fiscal general, no estamos ante "una mera cuestión técnica", sino ante una reforma estructural imprescindible para asegurar una Justicia "más ágil" y "plenamente respetuosa con los derechos fundamentales".
En su opinión, el esquema vigente responde a planteamientos propios del siglo XIX y debe ser sustituido por otro que se adecúe a las demandas de la sociedad actual. Reclama un modelo "que refuerce la investigación especializada de una delincuencia cada vez más compleja y que asegure la tutela judicial efectiva en plazos razonables. Esta transformación no puede demorarse", advierte, al considerar que de ello depende la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.