La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha recalcado que la Generalitat “no tiene ninguna relación con la adjudicación de las viviendas Las Naus de Alicante, ya que estas viviendas son adjudicadas por la promotora, en este caso por la cooperativa, y simplemente al ser viviendas de protección pública, esta solicita a la Dirección Territorial de Vivienda la confirmación de que los compradores cumplen con los requisitos para acceder a una vivienda de protección pública establecida en el decreto”.
Camarero se ha pronunciado en estos términos tras la dimisión de la concejala de Urbanismo y Conservación de inmuebles del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, que ayer anunció su renuncia por la controversia generada en torno al proceso de adjudicación de una promoción de vivienda de protección pública en Playa de San Juan. La edil indicó que daba este paso para que la investigación “pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo, después de haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida, y dado que está de baja por maternidad”. Esta dimisión se suma a la ya presentada por la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del consistorio, María Pérez-Hickman, que también presentó su renuncia ligada a este asunto.
La Generalitat recuerda que el sistema de adjudicación de una VPP se somete a la normativa específica vigente para cada clase de vivienda en el momento de su adjudicación o calificación. Distingue entre la vivienda de promoción pública, integrada en el parque público autonómico y gestionada por la entidad Evha, regulada por el decreto 68/2023, de 12 de mayo, cuyo artículo 37 fija los requisitos de acceso. Se trata de las denominadas “viviendas sociales”, administradas directamente por la Generalitat y destinadas a personas que cumplen las condiciones del decreto, “y que son más exigentes que los exigidos para una VPP privada, dado que busca dar solución habitacional a las personas más vulnerables”, señalan desde la Conselleria de Vivienda.
En paralelo, las viviendas de promoción privada, impulsadas por empresas o cooperativas, se rigen actualmente por el decreto 180/2024, de 10 de diciembre. Estas se dirigen a cualquier persona que cumpla los requisitos fijados en la normativa, y es el promotor quien asume la construcción y comercialización. En las VPP de iniciativa privada, “la administración se ocupa de verificar que la edificación cumple con los parámetros de VPP, así como confirmar que los adquirientes de las viviendas cumplen con todos los requisitos establecidos en el decreto en vigor en el momento de la calificación de la promoción”. La Dirección Territorial de la Conselleria de Vivienda se encarga de revisar que todos los compradores cumplen las condiciones, mediante un procedimiento que se inicia con la comprobación técnica del Servicio Territorial y concluye con el visado del director territorial.
Según ha explicado Camarero, el Secretario Territorial Adjunto de Vivienda ha emitido un informe “en el que hace constar que todas las personas que han accedido a las viviendas de esta promoción cumplen con la totalidad de los requisitos de acceso que establece la normativa, tanto los requisitos de ingresos como el no contar con otra propiedad”. “No obstante y, tras la información conocida en los últimos días, se va a realizar un segundo análisis de la información aportada por los compradores para verificar que es verídica y para ello se van a revisar todos y cada uno de los expedientes para hacer esa comprobación de que los datos aportados en su momento son correctos”, ha añadido la consellera.