La Guardia Civil ha sumado a la CiberComandancia un equipo específico de Intervención de Armas y Explosivos, con el objetivo de reforzar la respuesta frente a cualquier actividad irregular vinculada a la compraventa de armas, explosivos o material pirotécnico en el entorno digital.
Este grupo especializado tiene como cometido mejorar la capacidad operativa del Cuerpo en la detección, el análisis y la investigación de estas conductas mediante labores de ciberpatrullaje, centradas en la vigilancia de la red y en la identificación de posibles ilícitos.
Al mismo tiempo, ofrece apoyo inmediato en la gestión y estudio de las denuncias telemáticas relacionadas con armas, explosivos o material pirotécnico que se presentan a través de la sede electrónica de la Guardia Civil, agilizando así su tramitación.
Desde que comenzó a funcionar, este nuevo equipo de Intervención de Armas y Explosivos ha identificado más de 30 infracciones administrativas cometidas por Internet relacionadas con la venta irregular de armas, tanto por la comercialización de armas prohibidas como por la venta ilegal.
Además, esta unidad mantiene una coordinación permanente con las distintas Intervenciones de Armas y Explosivos desplegadas por todo el territorio nacional, con el propósito de llevar a cabo comprobaciones e inspecciones ‘in situ’ que permitan determinar la posible existencia de infracciones administrativas derivadas de hechos detectados en la red.
CiberComandancia de la Guardia Civil
La CiberComandancia es el órgano responsable de la gestión, tramitación e investigación de las denuncias telemáticas. Se trata de una unidad de reciente creación, integrada por 63 efectivos, que amplía los servicios de atención a la ciudadanía y complementa el trabajo del resto de unidades de seguridad ciudadana de la Guardia Civil.
Hasta la fecha, la CiberComandancia ha recibido cerca de 40.000 solicitudes de denuncia y ha logrado bloquear y recuperar más de cinco millones de euros en beneficio de las víctimas de ciberestafas.
Asimismo, se ha conseguido el bloqueo preventivo, en una entidad bancaria, de un importe superior a dos millones de euros en una estafa realizada mediante phising.