Estados Unidos llevó a cabo este sábado, 3 de enero, un bombardeo sobre territorio venezolano y detuvo al presidente del país, Nicolás Maduro, en una operación militar que representa el punto culminante de una estrategia de presión creciente iniciada hace 28 semanas. Aquella campaña arrancó con las primeras amenazas bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, aunque desde el principio quedó claro que el propósito último era un cambio de régimen en Caracas.
Las advertencias lanzadas desde Washington se tradujeron pronto en el mayor despliegue militar visto nunca en el mar Caribe, encabezado por el portaaeronaves 'USS Gerald Ford', el buque más grande de la Armada de Estados Unidos.
En el plano interno, la reacción del Gobierno venezolano fue ordenar la movilización de milicianos, un sistema que permite armar a la población civil para que, en caso de una agresión estadounidense, se pueda pasar a “una etapa de lucha armada”.
El siguiente escalón en la escalada fueron los bombardeos contra presuntas embarcaciones empleadas por redes de narcotráfico. Las fuerzas militares estadounidenses han destruido más de 30 de estas barcas, causando la muerte de al menos 112 personas, según el recuento facilitado por Washington.
Estas operaciones han sido duramente cuestionadas por organizaciones de defensa de los derechos humanos, que sostienen que constituyen ejecuciones extrajudiciales. Uno de los ataques ha generado especial controversia, ya que todo indica que los supuestos narcotraficantes sobrevivieron al primer bombardeo y se produjo un segundo ataque cuando se encontraban heridos y a la deriva, lo que supondría una vulneración de las leyes del mar.
Tras el inicio de los ataques a las embarcaciones, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la designación del Cartel de los Soles como “organización terrorista extranjera”. A esta supuesta red criminal se le atribuye apoyo a otros grupos similares, como Tren de Aragua y el mexicano Cártel de Sinaloa, que amenazan “gravemente” la paz y la seguridad de Estados Unidos”.
CIERRE DEL ESPACIO AÉREO
En una nueva vuelta de tuerca, Washington centró su atención en la aviación civil mediante un aviso de seguridad emitido el 21 de noviembre, en el que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) instaba a las aerolíneas a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela por posibles riesgos de interferencias y seguridad. A raíz de esta advertencia, varias compañías aéreas suspendieron sus rutas con el país.
Como respuesta, Caracas revocó las autorizaciones de vuelo a Iberia, Turkish Airlines, Gol, Latam Colombia y Avianca una vez expirado el plazo de 48 horas que había fijado para ello.
El 1 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó en su red social Truth Social que el espacio aéreo venezolano “permanecerá cerrado en su totalidad”, un paso adicional después de que Trump y Maduro mantuvieran una conversación telefónica a finales de noviembre que no arrojó los resultados esperados por el mandatario estadounidense.
El propio Trump confirmó la llamada con Maduro el 30 de noviembre ante los medios. “No diría que fue ni bien ni mal. Fue una llamada telefónica”, declaró el dirigente republicano. Días más tarde, también Maduro corroboró este contacto con Trump, del que subrayó su “tono de respeto”. “Inclusive puedo decir que fue cordial”, apuntó.
INCAUTACIÓN DE PETROLEROS
El que parecía ser el golpe definitivo contra Venezuela llegó con las medidas dirigidas al sector petrolero, que se estima aporta en torno al 90 por ciento de los ingresos del Estado. El 10 de diciembre, la Guardia Costera estadounidense se apoderó del buque 'Skipper', cargado con crudo venezolano en el Caribe, y lo condujo a un puerto de Estados Unidos para proceder a la descarga. Seis días después, Washington anunció “el bloqueo total de petroleros que lleguen o salgan de Venezuela” y, diez días más tarde, intervino un segundo petrolero, el 'Centuries'.
El tercer buque señalado por las autoridades estadounidenses es el 'Bella 1', un petrolero vacío que se dirigía a Venezuela para cargar crudo. Sin embargo, ante el intento de abordaje por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos, el capitán rechazó la orden y dio media vuelta, lo que ha desencadenado una persecución de varios días en aguas del Atlántico.
Conviene recordar que Estados Unidos no reconoce oficialmente a Nicolás Maduro como jefe de Estado, al considerar ilegítimos los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y respalda las denuncias de la oposición, que sostiene que el verdadero vencedor fue su candidato, Edmundo González.
Desde entonces, tanto González como la dirigente opositora María Corina Machado han abandonado el país. Esta última salió en las últimas semanas con el apoyo de Washington para poder desplazarse a Noruega y recoger el Premio Nobel de la Paz que le había sido otorgado.
Además, sobre Maduro pesaba una recompensa de Estados Unidos de 50 millones de dólares (unos 42 millones de euros) por información que facilitara su captura, y Washington había impuesto sanciones a varios altos cargos adicionales del Gobierno venezolano.
Nicolás Maduro fue acusado formalmente en Estados Unidos por corrupción, narcotráfico y otros delitos en 2020, y el Departamento de Estado ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por datos que permitieran su arresto o condena. Al comunicar la captura de Maduro, el presidente Trump aseguró que se llevó a cabo en coordinación con las fuerzas del orden estadounidenses. La acusación se presentó en el Distrito Sur de Nueva York.