El PSOE y Sumar han vuelto a tensar su convivencia en el Ejecutivo a raíz del choque por las bonificaciones a los propietarios que mantengan congelado el alquiler a sus inquilinos. Mientras el socio minoritario reclama una rectificación completa, la parte socialista defiende seguir adelante con su propuesta, aunque abierta a ciertos ajustes en su diseño.
Este nuevo desencuentro, que se suma a otros roces en materia de vivienda, ha elevado de nuevo la fricción entre ambas partes del Gobierno. Sumar insiste en que la vía adecuada es la prórroga de los contratos de arrendamiento, ha promovido iniciativas en el Congreso en esa dirección y ha puesto en marcha incluso una recogida de firmas para respaldar esta opción.
En paralelo, la portavoz del grupo plurinacional en la Cámara Baja, Verónica Barbero, pretende abordar este asunto en la reunión que mantendrá este martes con Sánchez, dentro de la ronda de contactos sobre la eventual participación de tropas en Ucrania, después de que así lo acordaran por consenso las fuerzas integradas en la confluencia.
El anuncio del presidente de introducir una bonificación del 100% en el IRPF para los dueños que no incrementen la renta del alquiler desató un profundo malestar en Sumar, que ya ha adelantado que no respaldará la medida ni en el seno del Gobierno ni en el Congreso.
Además, la coalición plurinacional reprochó a su socio que se enterase de la iniciativa apenas unos minutos antes que los medios de comunicación y que actuara de forma "unilateral" cuando al día siguiente estaba prevista una reunión entre socios sobre vivienda, convocada precisamente a raíz de la exigencia de prorrogar los contratos de alquiler.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, arremetieron contra el PSOE al exigirle una rectificación y alertar de que con este tipo de propuestas se facilita la llegada de PP y Vox a la Moncloa. A su vez, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, pronosticó que el PSOE acabará teniendo que "recoger cable" y criticó que ni siquiera disponían del texto del posible decreto. Pese a ello, también se han producido llamamientos internos a alcanzar un pacto que evite una ruptura en el Ejecutivo.
LA MEDIDA DEL PSOE ES UNA "SALVAJADA"
En Sumar reiteran que no pueden avalar que se otorguen "regalos fiscales" a los propietarios y fuentes de la confluencia subrayan que se trata de una "línea roja" inasumible en cualquier negociación con el PSOE. De este modo, rechazan tajantemente explorar fórmulas de progresividad en la bonificación, aunque algún sector de la coalición se había mostrado dispuesto a estudiarlo.
Dentro del grupo parlamentario califican de "salvajada" el simple hecho de plantear exenciones tributarias a los dueños de vivienda cuando la diferencia de ingresos respecto a los inquilinos supera el 80% y reprochan al PSOE que alimente una "batalla campal" entre ambas partes, cuando la confrontación, sostienen, debería centrarse en elegir entre políticas "regresivas o progresivas".
"No hay negociación posible que sea invertir dinero público de los inquilinos para dárselo a los caseros", ha manifestado el portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, que cita un informe de CCOO según el cual se han "tirado a la basura" 180.000 millones en medidas ineficaces que podrían haberse destinado a construir 2 millones de viviendas para ampliar el parque público.
Al mismo tiempo, Movimiento Sumar ha habilitado en su web una campaña de recogida de firmas dirigida al Ministerio de Vivienda, que encabeza Isabel Rodríguez, para reclamar la prórroga de 600.000 contratos de alquiler que expiran este año y así evitar subidas de renta que impactarían en 1,6 millones de personas en España. La plataforma ya impulsó anteriormente iniciativas similares para exigir la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y para pedir que Israel fuera excluida de Eurovisión.
"Hemos conocido con estupor que la propuesta del PSOE es premiar con incentivos fiscales a los propietarios. Una medida injusta e ineficaz que favorece a quienes ya tienen más renta y deja en manos de los caseros la decisión de aplicarla o no. Ni garantiza derechos, ni frena los abusos", señala el texto de Sumar, que reivindica como solución adecuada la fórmula defendida por Bustinduy de prorrogar automáticamente los contratos para congelar los precios.
Sumar, además, ha presentado en el Congreso una proposición no de ley, firmada por Ibáñez, para instar al Gobierno a aprobar esa prórroga, pese a que los socialistas cuestionan su encaje en la Constitución.
EL PSOE NO RENUNCIA A LA EXENCIÓN A CASEROS
El PSOE, en cambio, mantiene su apuesta por las exenciones fiscales a los caseros a pesar de las críticas del socio minoritario y sostiene que se trata de una herramienta eficaz para frenar el aumento de los alquileres, aunque se muestra dispuesto a introducir modificaciones.
El ala socialista del Ejecutivo remarca que no tiene intención de retirar la medida pese a la polémica interna que ha provocado y defiende que es un instrumento fácil de aplicar y, sobre todo, dependiente en exclusiva del Gobierno central.
Desde el entorno de Sánchez atribuyen la falta de bajadas en el precio de la vivienda a la negativa de las comunidades gobernadas por el Partido Popular a desplegar la ley estatal de Vivienda. Consideran que, con esta bonificación, pueden sortear ese bloqueo autonómico y obtener efectos rápidos. El propósito declarado es impedir que se incremente la renta a 1,6 millones de personas que deben renovar su contrato a lo largo de 2026.
No obstante, los socialistas se muestran abiertos a pactar una diferenciación entre grandes tenedores y pequeños propietarios, con el fin de excluir a los primeros de las exenciones, según indican fuentes del Gobierno.
Aun así, advierten de que el impacto de esa distinción sería limitado, dado que, aseguran, apenas quedan grandes tenedores y los fondos de inversión han ido reduciendo su presencia en el mercado español.