El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha celebrado que la Unión Europea haya incorporado “por fin” al sector azulejero al sistema de compensación de costes indirectos de CO2 a partir de 2026, aunque ha avisado de que esta decisión resulta “insuficiente” para mitigar “el hachazo energético” que sufre la industria.
El jefe del Consell trasladó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la necesidad de que el Ejecutivo se implicara para lograr este avance durante la reunión que ambos mantuvieron en Moncloa el pasado 17 de diciembre. Ahora reclama al grupo de gobierno “que dote con suficientes fondos estas ayudas del sistema de compensación” con el fin de que “el mayor número de empresas electrointensivas del sector puedan optar a ellas con mayores cuantías”.
No obstante, Pérez Llorca ha recalcado en un comunicado que esta medida es solo una parte de las reivindicaciones que planteó a Sánchez en relación con el sector cerámico, recogidas en el documento de 100 medidas para la Comunitat Valenciana. “Pero la reclamación fundamental es el respaldo a la cerámica española para evitar las pérdidas a las que se va a ver abocado el azulejo por el nuevo régimen de derechos de emisión, que es la principal reivindicación y la gran amenaza para el clúster”, ha subrayado.
En esta línea, el 'president' ha señalado que “el verdadero problema sigue siendo el Régimen de Comercio de derechos de emisión de la Unión Europea”, por lo que ha reiterado su exigencia al Gobierno de España para que “defienda los intereses de nuestra industria cerámica y pelee por dejarlo en suspenso”.
Asimismo, ha vuelto a insistir en que no se ejecuten los recortes previstos en las retribuciones de la cogeneración, ya que ello implicará “pérdidas millonarias en un sector muy tocado por la sobrerregulación europea”.
Para el jefe del Consell, es imprescindible “seguir apoyando a un sector fuertemente castigado por las circunstancias actuales y que necesita de medidas que aseguren su continuidad”, lo que pasa por “un marco legal y energético justo y realista”, además de “proteger al azulejo de la Comunitat Valenciana frente a competidores externos a los que no se les exige las mismas condiciones que a las industrias comunitarias”.