El Partido Conservador ha puesto en duda este jueves que el acuerdo sobre Gibraltar difundido finalmente por Londres y Bruselas respete de forma incuestionable la soberanía británica sobre el Peñón, y ha anunciado que someterá el texto a una revisión “línea a línea” antes de decidir su posición en la Cámara de los Comunes.
Durante un debate parlamentario, la viceportavoz de Exteriores de los conservadores, Wendy Morton, ha criticado que “este es un tratado de más de 1.000 páginas con profundos cambios constitucionales que fundamentalmente modifica cómo operarán la frontera, el aeropuerto y el marco legal de Gibraltar y aún así el Parlamento no ha visto ni una sola página”.
En la misma intervención, Morton ha recalcado que “cualquier tratado que entregue a España nuevos poderes sobre la entrada, la residencia, la infraestructura o las fuerzas de seguridad debe ser examinado línea por línea por el Parlamento antes de que entre en vigor”, en presencia del secretario de Estado de Exteriores, Stephen Doughty.
En términos similares se ha expresado la responsable de Exteriores de los 'tories', Priti Pratel, quien ha manifestado “serias dudas” sobre el contenido del pacto y ha defendido la conveniencia de que su formación lleve a cabo “un escrutinio línea por línea”.
Pratel ha recalcado además que “los conservadores no apoyarán ningún acuerdo que ponga nuestra soberanía y los intereses de Gibraltar en peligro”, denunciando en un comunicado que el Ejecutivo laborista ha llevado a cabo las conversaciones “durante meses en secreto”.
El proceso negociador del tratado comenzó en octubre de 2021, con los conservadores aún en el Gobierno, y concluyó el pasado mes de junio, cuando los laboristas ya ocupaban Downing Street tras su llegada al poder en julio de 2024. Para que el texto pueda aplicarse, deberá recibir primero el respaldo del Parlamento gibraltareño y, posteriormente, la ratificación del Parlamento británico.
El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha recordado este extremo en un mensaje en X, respondiendo a un diputado que reprochaba que España vaya a asumir funciones en los controles fronterizos junto a las autoridades gibraltareñas y que responsabilizaba de ello a los laboristas.
Picardo ha remarcado que “esta fue una propuesta que aceptada por Boris Johnson como primer ministro y por Dominic Raab, Liz Truss, James Cleverly y David Cameron como ministros de Exteriores”, aludiendo a antiguos dirigentes 'tories'.
Asimismo, ha señalado que “estas partes habían sido negociadas antes de que David Lammy y Keir Starmer fueran elegidos”, insistiendo en que “este es un acuerdo excelente para Gibraltar para hacer frente a los enormes problemas que nos creó el Brexit”.
Desde el Gobierno británico, Stephen Doughty ha defendido públicamente las ventajas del tratado. Según ha afirmado, “este tratado garantiza que la economía, el pueblo y el futuro de Gibraltar están protegidos como parte integral de la familia británica”.
Doughty ha añadido que “tenemos un tratado que preserva la soberanía y da certeza cuando el modo de vida gibraltareño estaba amenazado”, reiterando que “el compromiso de Reino Unido con Gibraltar nunca desfallecerá”.