Los protocolos internos activados por el Ministerio del Interior han dado lugar, desde 2019, a la apertura de expediente disciplinario a 13 guardias civiles, mientras que en la Policía Nacional se han contabilizado 27 casos desde 2023.
Así se recoge en una respuesta parlamentaria fechada el 10 de abril, a la que ha tenido acceso Europa Press, donde Interior detalla estas cifras y recuerda que dichos protocolos se encuentran en revisión en estos momentos, tal y como anunció el ministro Fernando Grande-Marlaska tras la denuncia presentada por una subordinada contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González.
En relación con la Guardia Civil, Interior especifica que constan denuncias contra siete efectivos por delitos de acoso sexual desde 2019, de las cuales una ha derivado en condena y tres en imputación. “Todos los agentes se encontraban en situación de activo y cuatro de ellos tenían responsabilidades jerárquicas”, añade el departamento.
A raíz de una iniciativa de EH Bildu, el Ministerio del Interior detalla que la Inspección Extraordinaria Incidental (IEI) es un instrumento contemplado en la Instrucción 2/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad, relativa a la organización y funcionamiento de la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad (IPSS), y que se pretende ejecutar “a la mayor celeridad posible”.
Revisión de los protocolos y protección de las víctimas
Con este objetivo, un equipo de inspección integrado por personal del Ministerio del Interior está revisando los protocolos internos de actuación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil frente a situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo, género, orientación e identidad sexual, así como ante casos de violencia de género.
Al mismo tiempo, el departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska destaca la utilidad de estos procedimientos internos para canalizar las denuncias, remarcando que “se adoptan las medidas de protección, apoyo e información que resulten necesarias en el ámbito organizativo y asistencial, así como, si la víctima lo solicita, medidas de asesoramiento confidencial y acompañamiento especializado”.
Interior subraya que “el procedimiento de inspección se encuentra en curso y en fase preliminar, lo que impide, conforme a criterios de prudencia y rigor, formular un resultado o conclusiones definitivas hasta su completa finalización”.