La administración madrileña ha anunciado que impulsará cambios en la ley medioambiental y de ordenación del territorio de finales de 2024, como consecuencia de las deliberaciones en la Comisión Bilateral de Cooperación con el Gobierno central.
De acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), estas modificaciones asegurarán que cualquier proyecto que pueda impactar significativamente áreas como la Red Natura 2000 y otros espacios protegidos, estén sujetos a una evaluación de impacto ambiental según lo dicta la Ley estatal 21/2013.
En relación con la ley del Suelo de Madrid, el entendimiento entre el Gobierno regional y el nacional estipula que el texto ‘debe ser interpretado y aplicado de conformidad con la normativa estatal’, según informó ‘El País’.
Gracias a este pacto, se resuelven las diferencias previas y se pone fin a la controversia, evitando así posibles conflictos ante el Tribunal Constitucional. La Comunidad de Madrid ya enfrenta varios litigios contra el Gobierno central en este tribunal.
A finales del año pasado, el Gobierno regional defendió esta ley argumentando que buscaba ‘facilitar el desarrollo de los grandes proyectos’ y ‘acelerar la edificabilidad porque’ permitía solicitar licencias desde el momento de la reparcelación y simplificar los trámites urbanísticos locales.
En ese momento, la normativa fue criticada por la oposición, que la consideró perjudicial para el modelo urbanístico madrileño, mientras que el Gobierno central la cuestionó por promover la construcción de vivienda protegida en áreas designadas para equipamientos sociales.