Las representantes de Más Madrid, Tesh Sidi y Alda Recas, del Grupo Parlamentario de Sumar, han presentado una serie de interrogantes al Gobierno en el Congreso acerca de las incursiones de elementos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en agrupaciones sociales, cuestionando la posible infracción a los derechos fundamentales en estas operaciones policiales.
Recientemente, se ha revelado la presencia de agentes encubiertos en entidades políticas y sociales. Un ejemplo significativo es la captura en junio en Madrid de Jorge Jiménez, activista que indagaba sobre estas infiltraciones. Arrestado por delitos de falsedad documental y revelación de secretos, el magistrado encargado del caso denegó el pedido policial de acceder al contenido completo de su móvil, calificando la demanda como excesiva.
Entidades defensoras de los derechos humanos han expresado preocupación, calificando estas acciones de «intentos de intimidar a quienes investigan estos abusos».
Más Madrid advierte que el caso de Jiménez no es único y menciona en sus preguntas parlamentarias otras infiltraciones en grupos como el Distrito 14 de Moratalaz, algunas prolongadas por años y que han sido objeto de recursos ante el Tribunal Constitucional, cuyo veredicto se espera aún.
Mientras que en naciones como el Reino Unido se han efectuado investigaciones parlamentarias sobre estas prácticas y se han ofrecido disculpas oficiales, las parlamentarias de Sumar critican que en España «no se han asumido responsabilidades ni se han establecido controles adecuados para asegurar la proporcionalidad y legalidad de las infiltraciones».
En sus cuestionamientos, Sidi y Recas buscan esclarecer cuáles serán las acciones del Gobierno para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos que exploran o denuncian infiltraciones policiales en movimientos sociales, y cómo se garantiza que las operaciones policiales se ejecutan respetando la legalidad actual, la libertad de información y la participación política.