Más Madrid, que forma parte del grupo Sumar, presentará una proposición no de ley este martes en el Congreso, con el objetivo de eliminar cualquier honor, distinción o denominación oficial que haga referencia al rey emérito Juan Carlos I, tanto en el nomenclátor como en las instituciones públicas.
En detalle, la agrupación quiere que se suprima el nombre del emérito de entidades como universidades, infraestructuras, centros de investigación, vías públicas y hospitales. Esto incluiría, por ejemplo, a la Universidad Rey Juan Carlos, que tiene sedes en varios municipios madrileños, y al hospital universitario del mismo nombre en Móstoles.
La iniciativa se promueve en un contexto de especial simbolismo, coincidiendo con el 50º aniversario de la proclamación de Juan Carlos I como monarca, el 22 de diciembre de 1975, tras el fallecimiento del dictador Francisco Franco. Desde Más Madrid destacan que estas conmemoraciones «refuerzan la necesidad de revisar críticamente los símbolos aún vigentes en la administración pública». Además, apuntan que mantener estas denominaciones resulta «incoherente con el distanciamiento institucional hacia el rey emérito, evidenciado en su ausencia del acto institucional que el Congreso celebrará este viernes».
El acto en cuestión es el coloquio ’50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia’, que se realizará en la Sala Constitucional con la presencia de los reyes y moderado por Fernando Ónega e Iñaki Gabilondo. Asistirán también la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, junto con figuras destacadas como Miquel Roca y Miguel Herrero, y la académica Adela Cortina.
Sumar y otros grupos políticos han confirmado que no participarán en el evento. Desde Más Madrid, recalcan que es fundamental «actualizar estos símbolos conforme a los principios de integridad, ejemplaridad y ética pública para reforzar la credibilidad democrática y avanzar en una memoria pública coherente».
La proposición plantea la necesidad de una revisión exhaustiva y la eliminación de condecoraciones, títulos y distinciones otorgadas por el Estado a Juan Carlos I, estipulando un plazo de seis meses para evaluar el cumplimiento de la iniciativa.