Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, sostiene que el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) servirá para dilucidar qué grupos parlamentarios respaldan al Gobierno y cuáles se alinean con la “estrategia de derribo abriendo paso al fascismo”. Así se expresa en un borrador de informe sobre la situación política, accesible a través de Europa Press, que se presentará para su discusión y votación en la Coordinadora Federal de IU este sábado.
Maíllo, en un mensaje indirecto a Junts y Podemos, quienes han puesto condiciones a su apoyo, ha comentado recientemente que ve a Podemos implicado en dicha estrategia contra el Ejecutivo. En contraste, destaca el compromiso continuo de IU con el Gobierno, rechazando cualquier participación en maniobras que faciliten el acceso de PP y Vox al poder, subrayando las graves consecuencias que esto tendría para la sociedad.
IU propone, según el documento, un aumento significativo en el techo de gasto, superior a 61.000 millones de euros, lo cual elevaría la inversión al 15,8% del PIB, centrada en mejorar la política social. En las negociaciones presupuestarias, IU abogará por asignar el 40% de este incremento al sector de la vivienda y el 26% a un plan de empleo que beneficiaría a un millón de personas con salarios de 1.500 euros mensuales, además de reforzar los servicios públicos y la protección contra incendios.
Además, IU defiende la ampliación del Ingreso Mínimo Vital, mejoras en educación y sanidad, y un incremento de las transferencias a comunidades autónomas. Estas propuestas se consolidarán en un documento para el grupo parlamentario Sumar. Maíllo también apuesta por revisar el sistema de financiación autonómica y proponer una reforma fiscal progresista.
En el ámbito de la vivienda, IU prioriza el establecimiento de límites al alquiler y considera la posibilidad de expropiar viviendas de grandes propietarios para uso público. Por otro lado, Maíllo observa que el curso político arranca con tensiones crecientes, evidenciadas en las críticas de la derecha al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y las controversiales declaraciones del PP que favorecen electoralmente a la extrema derecha.










