El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha calificado este lunes de “insuficiente” el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de desclasificar documentos oficiales sobre la intentona golpista del 23 de febrero de 1981, y le ha instado a que la legislatura no concluya sin aprobar una nueva Ley de Secretos.
Coincidiendo con el 45 aniversario del 23F, este 23 de febrero de 2026 el jefe del Ejecutivo ha avanzado que el Consejo de Ministros de este martes dará luz verde a la desclasificación de los documentos relativos al golpe de Estado.
Maíllo ve en este gesto “una buena noticia” pero, al mismo tiempo, “insuficiente”, al entender que la prioridad debe ser sacar adelante una nueva Ley de Secretos Oficiales antes de que finalice el actual mandato.
Relevo a la norma franquista de 1968
El dirigente de IU ha apuntado que, de haber sido él presidente, ya habría ordenado la desclasificación de esos documentos. En cualquier caso, subraya que lo esencial es aprobar una nueva regulación que sustituya “la ley infame de secretos oficiales del franquismo de 1968”.
“Ya era hora que se desclasificara esta documentación”, ha manifestado también el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, en declaraciones a los medios. No obstante, ha remarcado que, aun siendo “una buena noticia”, IU rechaza que las desclasificaciones se vayan produciendo “por trozos, aleatoria o arbitrariamente”.
Tras recordar los intentos fallidos de reforma de la Ley de Secretos Oficiales, Santiago ha apelado a todas las fuerzas políticas democráticas para que se reactive con urgencia la tramitación de la nueva ley “con urgencia”, puesto que “la democracia requiere transparencia” y persisten “demasiados asuntos” en España en los que no se pueden abrir causas judiciales ni consultar archivos por culpa de una normativa “absolutamente anticuada”.
Según el responsable de IU, si la Ley de Información Clasificada se hubiera aprobado en la legislatura anterior, hoy toda la documentación sobre el 23-F estaría “absolutamente desclasificada”. Aunque ha valorado el anuncio de Sánchez, ha recalcado que se trata de “una cosa muy seria”, ligada “con la transparencia, con la calidad de la democracia” y que, por ello, “no puede irse haciendo por trozos para buscar titulares”.
Transparencia sobre el 23-F y responsabilidades
Cuestionado sobre lo que esperan hallar en esos papeles sobre el intento de golpe, Santiago ha recordado que historiadores e investigadores “siempre” han subrayado la “connivencia” de altos estamentos del Estado en el 23-F, así como el papel desempeñado por el actual Rey emérito, Juan Carlos I, “que tardó aproximadamente seis horas en salir a oponerse al golpe de Estado”.
Para Santiago, es “un necesidad democrática” que la ciudadanía conozca quiénes planearon “el mayor atentado contra la democracia” desde la muerte del dictador Francisco Franco, aunque 45 años después será “prácticamente imposible” depurar judicialmente todas las responsabilidades de aquella conspiración militar porque en muchos casos “muchos habrán fallecido” y en otros se tratará de “delitos prescritos”.
La modificación de la vigente Ley de Secretos Oficiales es una vieja demanda de diversas formaciones, entre ellas el PNV, que la ha registrado en varias legislaturas, aunque siempre ha quedado paralizada por las sucesivas prórrogas del plazo de enmiendas.
Mientras la proposición de los nacionalistas continúa bloqueada, el Consejo de Ministros aprobó el pasado verano su propio proyecto de Ley de Información Clasificada, impulsado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Ese texto fue remitido igualmente al Congreso para su tramitación parlamentaria, donde también permanece ‘congelado’.
Claves del proyecto de Ley de Información Clasificada
El proyecto del Gobierno establece el deber del Estado de proteger mediante clasificación la información sensible que pueda afectar a la defensa nacional y a la seguridad ciudadana, pero procurando compatibilizarlo con el derecho a la información y a la transparencia.
La futura norma fija de forma expresa que la clasificación de información tendrá carácter excepcional y deberá estar motivada, y determina que la relativa a graves vulneraciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá clasificarse.
Incorpora además el principio de desclasificación automática, con plazos vinculados al nivel de secreto de los documentos. Así, la información marcada como “Secreto” se desclasificará a los treinta y cinco años, con una posible prórroga de diez años más, también de forma excepcional y motivada; en total, 45 años, el mismo periodo que se cumple ahora desde la intentona golpista del 23-F de 1981.