La reforma del Código Penal conocida como Ley de Multirreincidencia, que fija penas de entre uno y tres años de cárcel para quienes hayan sido condenados en firme por más de tres hurtos o delitos menos graves, entrará en vigor mañana viernes tras su aprobación en el Congreso con el respaldo de PSOE, PP, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro.
La propuesta, impulsada por la formación de Carles Puigdemont en 2024, logró salir adelante el 26 de marzo gracias a los votos de la oposición, después de permanecer meses paralizada hasta que en marzo de 2025 se registraron las enmiendas parciales y, a mediados de febrero del año siguiente, se llevó finalmente a debate en el Pleno del Congreso y posteriormente a votación.
Entre la presentación de las primeras enmiendas y la primera votación en la Cámara Baja, la iniciativa volvió a quedar bloqueada por el rechazo de los socios del Ejecutivo. Sin embargo, la decisión de Junts de romper el diálogo con el Gobierno llevó al PSOE a aceptar su reactivación y, en el plazo de apenas una semana, la Comisión de Justicia dio luz verde a la modificación legal.
Por su parte, los socios minoritarios del Gobierno en el Consejo de Ministros, Sumar, junto a varios aliados habituales del Ejecutivo en el Congreso --Bildu, Podemos, BNG y Compromís-- votaron en contra de la reforma, mientras que ERC optó por la abstención durante la votación.
Principales cambios introducidos por la reforma
En la tramitación en la Comisión de Justicia del Congreso, PSOE y Junts cerraron ya acuerdos para sancionar con hasta tres años de prisión el robo de teléfonos móviles y endurecer las condenas para determinados delitos de estafa.
Posteriormente, tras su paso por el Senado, donde el PP dispone de mayoría absoluta, se ratificó de forma definitiva la enmienda que contempla penas de cárcel de entre seis y 18 meses o multas de uno a dos años para quienes defrauden energía destinada al cultivo de marihuana, así como la que fija entre tres y cinco años de prisión para el denominado “petaqueo”, relacionado con el suministro de combustible a narcolanchas.
En cambio, se rechazó otra iniciativa del PP que planteaba obligar al Gobierno a incrementar durante dos años las plazas de la Fiscalía de área, provinciales y autonómicas, estableciendo un fiscal por cada 100.000 habitantes o fracción superior a 50.000.
El Ejecutivo podía haber visto peligrar la aprobación de estas dos enmiendas en el Congreso, pero finalmente no llegaron a someterse a votación porque Moncloa vetó su tramitación al considerar que implicaban un sobrecoste para las cuentas públicas. El veto fue respaldado en la Mesa del Congreso por la mayoría que suman PSOE y Sumar, que avalaron que el Gobierno ejerciera su prerrogativa para frenar iniciativas que supongan un aumento del gasto o una reducción de ingresos presupuestarios.
Según el Gobierno, la enmienda relativa a extranjería habría obligado a crear 400 nuevas plazas de funcionarios en las comisarías de extranjería, con un coste medio de 42.000 euros por puesto, lo que elevaría el gasto en 16,78 millones de euros. En cuanto a la propuesta de ampliar la plantilla de fiscales, el Ejecutivo argumentó que obligaría a convocar 491 plazas adicionales, con un coste extra estimado de 53,79 millones de euros.