Los documentos desclasificados este miércoles sobre el 23F revelan la inquietud existente acerca del estado de ánimo en las Fuerzas Armadas después del intento de golpe de Estado, tras detectarse actitudes “subversivas”. Ante esta situación, se planteó el nombramiento de mandos “capaces de ser aceptados” por el propio Ejército con el fin de rebajar la tensión. Entre los rasgos exigidos para estos responsables se incluía que fueran “católicos con evidencias” y “sin afinidades políticas”.
El informe “Índices de subversión en las Fuerzas Armadas”, clasificado como secreto y ahora difundido por el Ministerio del Interior, detalla que los ejércitos recibieron la instauración de la Monarquía con “especial aceptación” por ser “uno de los deseos” de Francisco Franco y que “una gran mayoría” se mostró dispuesta a servir al nuevo monarca con “total lealtad”. Añade que la actuación de Juan Carlos I en los primeros meses de su reinado contribuyó a consolidar esa fidelidad.
No obstante, “el descrédito de los líderes políticos, el ataque a determinados valores morales, la inseguridad ciudadana, el terrorismo, la crisis económica y las exaltaciones separatistas” generaron “una profunda preocupación” entre los mandos militares, que comenzaron a mostrar desconfianza hacia el Ejecutivo.
El texto sitúa 1980 como “la verdadera frontera” entre la confianza en el nuevo sistema democrático y la desafección posterior, y apunta que el gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo, formado tras el fracaso del golpe, pasó a ser para buena parte de los militares “una etapa de evaluación permanente de su fidelidad a la línea de mando”.
Al mismo tiempo, “empezó a consolidarse la idea de que el mando de las Fuerzas Armadas es más una consecuencia de la habilidad política que de aptitudes profesionales propias de la milicia” y “no era extraño” hallar “pequeñas reticencias, oposiciones administrativas, comentarios y todo tipo de iniciativas de oposición a la línea de mando como testimonios de resistencia que, simbólicamente, representan signos externos de valoración de las fuerzas inmovilistas”.
En “el límite de esa línea de mando” las autoridades detectaban que la figura de Juan Carlos I experimentaba “un deterioro personal y profesional”. Como respuesta, se proponía designar a un grupo de jefes “de prestigio, capaces de ser aceptados desde el propio Ejército, al margen de la opinión que merezcan en el ámbito civil”.
Interior concreta las características que debían reunir estos mandos: ser “católicos con evidencias”, “sin afinidades políticas”, “con experiencia operativa”, “reconocidos por su valor y condecorados”, “con experiencia de contacto con los medios de comunicación” y “capaces de vincularse personal y familiarmente con ámbitos civiles de la sociedad”, entre otros requisitos.
La finalidad última era “evitar que el rey asuma el control permanente del Ejército, elevando su liderazgo” y, al mismo tiempo, “revaluar el mando profesional” y “fomentar la idea de que el ejército, con absoluta lealtad al rey, respeta la Constitución y obedece al Gobierno”.
TEMOR A UN ATENTADO DURANTE EL JUICIO POR EL 23F
Otro de los textos desclasificados recoge cómo el jefe del Estado Mayor del Ejército, José Faura, avisó en febrero de 1982 —coincidiendo con el juicio por el golpe— de que “el ambiente en los cuarteles” se estaba “enrareciendo”.
“Yo creo que habría que hacer algo para disiparlo o, por lo menos, contenerlo”, trasladaba Faura en un mensaje dirigido a un interlocutor llamado Emilio (posiblemente Emilio Alonso Manglano, entonces máximo responsable del CESID, antecedente del CNI).
En esa comunicación, Faura recordaba que se estaba “juzgando a unos militares que cometieron un acto de indisciplina”, y apelaba a “ser respetuosos con la Justicia y aceptar su veredicto”.
Al mismo tiempo, advertía de la necesidad de “estar prevenidos contra un posible acto terrorista que, con toda seguridad, tendría la misma finalidad inmediata que los sectores interesados en hacer triunfar el golpe”. Por ello, reclamaba “redoblar las medidas personales de seguridad y vigilar con rigor las que estén establecidas en los centros y acuartelamientos”.
“Hay sectores sociales que intentan manipular a las Fuerzas Armadas con propósitos no confesables. Los militares debemos estar atentos y comportarnos de acuerdo con lo que puede ser mejor para España y no para unos grupos minoritarios”, subrayaba.
ESPAÑA AÚN NO ES UN PAÍS ESTABLE
En otro documento, remitido por el entonces jefe de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campos, al director del CESID, Emilio Alonso Manglano, se adjunta un “guion que sirvió de base” para la reunión que el rey mantuvo con el expresidente del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo, el exministro de Defensa Alberto Oliart y la Junta de Jefes de Estado Mayor, celebrada diez meses después del golpe fallido, el 14 de diciembre de 1981.
En uno de sus apartados, el monarca sostiene que “tanto los civiles como los militares” a los que tiene “el honor de presidir” son conscientes “de la importancia que para la vida del país ha tenido aquel 23 de febrero y tiene siempre la organización militar”.
Además, señala que, aunque se ha avanzado “mucho en el camino de la democracia”, España no se ha configurado “aún” como un país “totalmente estable”, en el que “las actuaciones de todas las fuerzas, de todos los estamentos, de todas las instituciones puedan funcionar ya con la más absoluta de las normalidades”.
En este marco, Juan Carlos I alerta de que la situación en el ámbito castrense, “sobre todo después del 'manifiesto de los 100' —texto que difundió Europa Press, firmado por un centenar de mandos militares antes del Consejo de Guerra denunciando un “linchamiento mediático” contra los procesados del 23-F— es “delicada” y “digna de atención”.
El rey añade que la prensa “sirve de eco a esos propósitos desetabilizadores y de elemento de irritación para las Fuerzas Armadas”, por lo que reclamó en esa reunión consideración y protección para los militares, si no por parte de “esos medios de comunicación que tantas veces buscan el sensacionalismo y a los que resulta difícil dominar en un régimen de libertades”, sí por parte de los poderes públicos, “cuya capacidad de reacción debiera ejercerse con energía y rapidez”.