QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Varios centenares de empleados del sistema penitenciario, movilizados por el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), se dirigieron este martes desde la sede socialista en Ferraz hasta el Congreso de los Diputados. Su objetivo era demandar ajustes legislativos para cesar las agresiones que padecen en las prisiones de España, y obtener el estatus de agentes de autoridad y profesión de riesgo.
La movilización contó con el respaldo de partidos como el PP y Vox. Miguel Tellado, secretario general del PP, y Ana Vázquez, portavoz de Interior de este partido, criticaron desde el escenario el ‘buenismo penitenciario’ del Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska.
Ana Vázquez atribuyó a Sumar y Podemos la responsabilidad de que el PSOE no apoye el reconocimiento de los funcionarios como agentes de autoridad, pese a reconocer oficialmente ‘más de 500 agresiones al año’, aunque se matizó que el 97% son leves. Tellado prometió atender estas demandas si el PP alcanza el gobierno, mencionando que ‘Este Gobierno y los anteriores tiene una deuda pendiente con vosotros’. Samuel Vázquez de Vox, por otro lado, prometió desalojar al gobierno ‘infame’ de Pedro Sánchez, y criticó tanto al PSOE como al PP por más de dos décadas de incumplimientos con el colectivo.
En la marcha, que contó con la participación de unos 2.500 manifestantes según datos de TAMPM, se solicitó repetidamente la dimisión de Fernando Grande-Marlaska y de Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias, por no cumplir, según afirmaron, con el compromiso de reconocerles como agentes de autoridad al inicio de la legislatura.
La protesta también sirvió como plataforma para expresar el descontento ante el ‘aumento de agresiones a funcionarios de prisiones’, incluyendo ataques físicos y sexuales, así como insultos y amenazas constantes, según explicó a Europa Press el presidente de TAMPM, Manuel Galisteo. Además, se pidió una reforma legislativa para endurecer las penas por agresiones y el reconocimiento de la profesión como de riesgo, junto con la jubilación anticipada y la equiparación salarial con empleados penitenciarios de Cataluña y País Vasco.
