Margarita Robles, ministra de Defensa, se presentará el 9 de diciembre ante el Congreso para exponer en sesión privada sobre las conexiones del ideólogo de los ataques yihadistas del 17 de agosto de 2017 en Cataluña, el difunto imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, y sobre cómo su ministerio ha empleado los fondos reservados.
La intervención de la ministra se realizará frente a la Comisión de control de los créditos para gastos reservados, también conocida como la comisión de Secretos Oficiales, encargada además de supervisar las operaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La solicitud para que Robles informe ante esta comisión fue hecha por Esquerra Republicana hace casi un año, tras la desclasificación de documentos que confirmaron el contacto del CNI con Es Satty.
LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN HIBERNA
Actualmente, el Congreso mantiene activa una comisión de investigación sobre los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017. Esta es una de las dos comisiones, junto con la llamada ‘Operación Cataluña’, instauradas al comienzo de la legislatura por un acuerdo entre el PSOE, ERC y Junts a cambio de su apoyo a la elección de Francina Armengol como presidenta de la Cámara.
La última sesión con comparecientes de esta comisión ocurrió en junio pasado y, tras el verano, solo se convocó una vez a puerta cerrada para gestionar nuevas solicitudes de Junts y reiterar las demandas de desclasificaciones aún pendientes.
A pesar de que Robles acudirá al Congreso a instancias de ERC para discutir sobre los vínculos de Es Satty con el CNI, esta oportunidad podría ser aprovechada por Junts para interrogarla acerca de la negativa del Gobierno a nuevas desclasificaciones solicitadas.
Además, Robles informará sobre el uso de los fondos reservados del Ministerio de Defensa, a petición del PP, que había solicitado su comparecencia para este propósito en octubre pasado. Un mes después, fue la propia ministra quien pidió presentarse ante la Cámara para abordar el mismo tema.
Robles sigue así los pasos de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, quien compareció ante la misma comisión por un tema similar a finales de octubre, cuando el Gobierno llevaba ya tres años sin reportar al Congreso sobre el uso de estos fondos.