QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este martes, María Luisa Araújo, presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), será recibida en el Congreso por la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas. Además de presentar el informe anual correspondiente a 2024, abordará los detalles sobre los acuerdos firmados por la Administración General del Estado con la firma Huawei desde 2020 hasta 2025.
La OIReScon, dependiente del Ministerio de Hacienda, tiene como función la supervisión de los contratos públicos y la elaboración de informes anuales para las Cortes. En esta ocasión, a instancias del Partido Popular, se añade un segundo tema en su intervención: detallar la aplicación de la legislación de contratación en los contratos con la empresa tecnológica china.
El Partido Popular ha expresado preocupaciones sobre estas colaboraciones, sugiriendo que Huawei podría ser una vía para una supuesta «red de espías no convencionales con influencia en el poder político y económico». En anteriores sesiones, se han levantado dudas sobre la posible «injerencia» del Partido Comunista de China en España y sobre la asignación de tecnología crítica y el sistema Sitel a Huawei.
Ante estas inquietudes, el PP ha solicitado en repetidas ocasiones la cancelación de estos contratos por considerar que comprometen la seguridad nacional. Además, han pedido al Tribunal de Cuentas un informe de fiscalización sobre estos acuerdos en los últimos cinco años.
A pesar de las críticas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha indicado en diversas sesiones que los contratos con Huawei son gestionados a través de proveedores acreditados y ha subrayado que el equipamiento se utiliza desde 2011 y 2012, períodos en los que también gobernaba el Partido Popular. Además, ha asegurado que las comunicaciones y escuchas judiciales a través de Sitel están «blindadas y perfectamente monitorizadas» y que la interceptación es una «prioridad absoluta».
Por otro lado, Aina Calvo, secretaria de Estado de Seguridad, confirmó en la Comisión Mixta que la compra de tecnología a Huawei no representa «ningún riesgo de seguridad ni de espionaje», y aclaró que los dispositivos adquiridos son hardware o armarios de almacenamiento que permanecen bajo custodia policial y del Centro Criptológico Nacional, afiliado al CNI.
